El pasado 30 de octubre, el presidente Guillermo Lasso presentó la proforma presupuestaria de 2022. La Asamblea Nacional tendrá 30 días; es decir, hasta el próximo 29 de noviembre, para aprobarla u observarla.
Es el segundo ensayo del Gobierno del encuentro y su Frente Económico que parece no haber aprendido su lección. El pasado 22 de agosto, presentaron la proforma presupuestaria de 2021. La Asamblea Nacional la observó y el presidente de la República que tenía un plazo de 10 días para remitir una nueva, la envió fuera de tiempo.
El Presupuesto General del Estado de 2022 será USD 33.899 millones. Contará con ingresos por USD 24.114 millones y egresos por USD 27.898 millones habiendo un déficit de USD 3.783 millones que equivale a 3.45% del producto interno bruto. Las necesidades de financiamiento serán USD 9.785 millones.
Los principales ingresos corresponderán a USD 13.418 millones en tributos, USD 2.754 millones en rendimientos de la actividad hidrocarburífera y USD 985 millones en la venta de activos no financieros que concernirá a la privatización de la refinería de Esmeraldas, la central de generación eléctrica Termogas Machala, la terminal marítima Monteverde, la central hidroeléctrica Sopladora y el banco del Pacífico.
Los principales egresos corresponderán a USD 9.094 millones en sueldos y salarios; los subsidios a la seguridad social, el desarrollo social y a los combustibles que decrecerán de USD 5.465 millones (2021) a USD 5.123 millones; USD 2.827 millones en transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados; y, la amortización de la deuda pública que crecerá de USD 3.657 millones (2021) a USD 4.717 millones.
En este contexto, la proforma presupuestaria de 2022 evidencia la orientación del presidente Guillermo Lasso que, una vez más, está condenado a tropezar en la misma piedra. La ortodoxia de sus políticas no entiende las necesidades de un país que enfrenta la mayor crisis económica de la historia. El Gobierno del encuentro simula menos ingresos para justificar los recortes en salud que pasará de USD 3.693 millones (2021) a USD 3.402 millones; educación inicial, básica y bachillerato que pasará de USD 3.697 millones (2021) a USD 3.419 millones; y, educación superior que pasará de USD 1.298 millones (2021) a USD 1.129 millones.
Finalmente, la insignificante obra pública, tan necesaria para inyectar liquidez a la económica, generar fuentes de empleo, dinamizar los mercados locales y coadyuvar a la reactivación económica, decrecerá de USD 480 millones (2021) a USD 450 millones.
Con la receta de más recortes y privatizaciones, el presidente Guillermo Lasso está contribuyendo a agitar una ya conmocionada realidad política e institucional.
