La modernización del Estado

- 16 de enero de 2020 - 00:00

En julio de 1925 fue apresado el presidente Gonzalo S. Córdova y obligado a dimitir. Igualmente fueron detenidos Urvina Jado, Lorenzo Tous y Manuel Tama, vinculados con el Banco Comercial y Agrícola, así como el expresidente Plaza.

Fue un golpe de Estado mediado por una alianza social que incorporó a militares jóvenes, naciente burguesía industrial, sectores medios profesionales, populares y particularmente trabajadores, que coinciden en reorganizar y modernizar el Estado, al que se pretende dar un cuerpo institucional frente a una nueva realidad económica y social. Con ese fin se introduce en la gestión estatal un conjunto de medidas: regulación y reorganización técnica del Estado y proteccionismo industrial.

Para efectivizar este último objetivo, la “revolución de los coroneles” aprueba, el 21 de noviembre de 1925, la Ley Protectora de Industrias que, en opinión de Rafael Guerrero, significa el primer -y quizás único- intento del capital industrial emergente por dirigir un proceso de modernización del Estado.

La evidente irracionalidad de la economía ecuatoriana y de la gestión administrativa, el cuestionado dominio oligárquico, combinados con factores adversos a la agricultura de exportación llegaron a desatar un proceso de contradicciones que debía ser regulado.

Esa regulación, a partir de los gobiernos julianos, se plasma en una serie de reformas encaminadas a la reestructuración del Estado, que corresponden a las nuevas actividades reguladoras que debe ejecutar, a su ampliación institucional y a sus funciones en la reproducción del régimen de producción.

Así, la Revolución Juliana dio inicio a la modernización tecnocrática de la economía ecuatoriana con los auspicios del Estado, al que se asignó un papel más activo en la promoción de actividades económicas y administrativas. Fue la primera modernización institucional del Estado ecuatoriano.

Ecuador, en este momento, requiere de otra modernización institucional, dirigida a una mayor inclusión de la sociedad y también a prácticas que prioricen el uso de tecnologías más eficientes dentro de un espíritu democrático y transparente de las prácticas administrativas del Estado nacional. (O)

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