En tiempos en que la inteligencia artificial (IA) es un nuevo actor en gran parte de las actividades del ser humano moderno. Se observa que en el escenario del gobierno y del Estado, la IA se está mostrando como una herramienta fundamental para actuar en los procesos vinculados con las políticas públicas.
La IA es la capacidad de las máquinas o de los sistemas de informáticos para realizar tareas físicas o de tratamiento de la información, en las cuales, normalmente, requieren de la aplicación de la inteligencia humana. La IA, dentro de sus múltiples utilidades, reconoce patrones de procesos, del uso del lenguaje y pueden ser un gran soporte en la toma de decisiones y en todo el ciclo de las políticas públicas. La IA puede tener un impacto positivo en las políticas públicas si se utiliza de forma responsable y ética para mejorar la eficiencia, la transparencia, la innovación y la inclusión social en diferentes ámbitos, como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad o el medio ambiente y en otros sectores del gobierno.
En el diseño, implementación y la evaluación de las políticas públicas se puede utilizar la IA mediante el uso de algoritmos para procesar grandes cantidades de datos y disponer de un tratamiento de las políticas públicas basado en evidencias cuantitativas y cualitativas.
La Organización Mundial de la Salud indica que el uso de la IA en políticas de salud apoya diversas intervenciones de salud pública, como la vigilancia de la morbilidad, la respuesta a los brotes, la gestión de los sistemas de salud o la prevención de enfermedades crónicas, mediante el uso de herramientas que pueden procesar grandes volúmenes de datos, detectar tendencias o anomalías, generar alertas o recomendaciones, o evaluar el impacto de las políticas públicas. También promueve el empoderamiento a los pacientes y mejorar su acceso a los servicios de salud, mediante el uso de aplicaciones móviles, chatbots, asistentes virtuales o plataformas digitales que pueden ofrecer información, orientación, educación o atención a distancia a las personas que lo necesiten, especialmente en zonas remotas o con escasez de recursos.
En las administraciones públicas ya es necesario que por ley se implemente unidades de IA para desarrollar de acuerdo con el sector herramientas que permitan monitorear, predecir y prevenir problemas de aplicación de políticas públicas en diversas actividades, con esto se minimizaría el riesgo de corrupción y la evaluación del desempeño del servicio público y se optimizará el impacto de la política pública.
En otro aspecto importante de las políticas públicas es que la IA puede intervenir en la creación de plataformas digitales que faciliten la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración entre los diferentes actores involucrados en las políticas públicas.
Sin embargo, la inteligencia artificial también plantea desafíos y riesgos para las políticas públicas, como la protección de los datos personales, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la no discriminación, la seguridad y la soberanía tecnológica, o el impacto en el empleo y las competencias digitales. Por ello, es necesario establecer marcos normativos y éticos que garanticen el uso responsable y beneficioso de la inteligencia artificial para el bien común.
El uso de la IA en los procesos de toma de decisiones en el sector público requiere de una reflexión exhaustiva en términos de ética y, más ampliamente, de gobernanza. Las tecnologías de IA pueden incrementar las posibilidades de discriminación, los sesgos negativos y pueden perjudicar desproporcionadamente a comunidades marginadas. Es necesario “politizar el algoritmo” para que la IA sea un apoyo estratégico para los gobernantes y sus complejidades de mantener la gobernanza y la gobernabilidad tan venidas a menos estos últimos tiempos.
