He señalado en artículos anteriores que el problema de la administración de justicia en nuestro país, no es únicamente la corrupción de un buen número de operadores de justicia ni de un número de empleados administrativos, como lo venimos observando desde hace 14 años, con las buenas excepciones del caso. Es verdad que antes también existía corrupción judicial que se daba principalmente a través del tráfico de influencias. Y el problema no es únicamente la falta de recursos económicos para designar más operadores de justicia y personal administrativo. Es, porque también desde hace catorce años, se expidieron leyes orgánicas deliberadamente mal concebidas, mal redactadas, mal estructuradas sintácticamente, ambiguas, demasiado generales, confusas y conceptualmente contradictorias. No fueron el fruto de la falta de conocimientos y de experiencias de quienes fungieron como autores de dichas leyes. Fueron el resultado del buen trabajo de copia de leyes ibéricas por asesores bien pagados con dineros de los ecuatorianos, que parece que se cancelaban a través de una de las Embajadas de Ecuador en un país europeo. El objetivo era y es muy claro: confundir a todo el mundo, generar todas las interpretaciones posibles, darles múltiples posibilidades a los jueces corruptos para que apliquen las normas legales como a bien tuvieren, blindar a los funcionarios corruptos en los posibles juicios penales que se les pudieran abrir en el futuro, eliminar de un tajo ciertos delitos como el de prevaricato de los funcionarios públicos que administraban y administran justicia administrativa en varios Ministerios, pasar como si nada, la rebaja de penas para ciertos delitos que tienen que ver con la corrupción pública, reemplazar la Ley de Gracia con un Reglamento de Indultos, ilegal porque un reglamento no puede derogar tácitamente a una ley; y en fin, estructurar un andamiaje jurídico que deje en la impunidad los grandes atracos que ya se habían planificado y a sus autores.

Por lo expuesto, se hace necesario que se nombre una Comisión de Juristas, en especial académicos de las distintas Facultades y Escuelas de Derecho de las Universidades ecuatorianas, ex magistrados probos con experiencia en el campo de la administración de justicia, prestigiosos Abogados con muchos años en el ejercicio profesional; tratadistas y escritores en los diferentes temas del  derecho y, principalmente en las del derecho procesal y varios de los Magistrados probos que actualmente ejercen sus funciones en el aparato judicial; para que se revise toda  esa maraña legal y se expidan leyes que procuren una administración de justicia correcta y eficiente.