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El Telégrafo
Diego Salgado Ribadeneira

Instrucción básica para la democracia

15 de septiembre de 2021 - 00:05

Hay algunas personas, que piensan que el problema en la Asamblea Nacional, conformada por 137 legisladores – fiscalizadores, pasa por el número de representantes.

Otro tanto de ciudadanos piensan que el problema de esa Función del Estado es que los que la conforman, asambleístas y asesores legislativos, no tienen la preparación necesaria, por lo tanto, no entienden de que se trata su responsabilidad constitucional, ni cómo actuar en las sesiones del Pleno, ni en las comisiones legislativas, peor entender para qué fueron elegidos.

Se evidencia que los partidos y movimientos políticos no cumplen su razón de ser que es la formación de líderes y militantes políticos, esto es, personas que entiendan de ciencia política, del funcionamiento del Estado y del servicio público.

La crisis de representación no está en el número de asambleístas que conforman la Función Legislativa ¿en qué cambiaría si de los 137 asambleístas del periodo legislativo vigente, serían solamente 100 o 37? ¿serían más doctos? ¿serían honestos? No es el número de legisladores, es la calidad moral, la preparación individual y su compromiso con la alta dignidad que ostentan.

¿Cómo lograr que los ecuatorianos elijan a los mejores representantes políticos, esos que vayan a aprobar las leyes necesarias para defender la libertad, la propiedad privada, el estado de derecho, el desarrollo intelectual y económico de los ciudadanos, la seguridad de todos?

Los requisitos para ser candidatos son elementales: ser de nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años y estar en goce de los derechos ciudadanos. Yo añadiría uno, tanto para candidatos políticos como para sus posibles equipos de legislación: cursar un seminario que incluya materias sobre los conceptos de las ciencias políticas, ideologías políticas, proceso parlamentario, elaboración de proyectos de ley y conocimiento de las normas que rigen el funcionamiento de la Función Legislativa, de los consejos provinciales, concejos municipales y juntas parroquiales.

Que sirva para algo el Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral, creado por el Código de la Democracia. Con una certificación así, por lo menos se aseguraría que los nuevos legisladores no lleguen ignorantes de las exigencias básicas que sus altas funciones exigen.

 

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