Tras los resultados electorales se aprecia, en términos políticos, un país atomizado, sin norte, sin un proyecto nacional. Una derecha dividida, con una buena parte de ella incrustada en el gobierno, imponiendo su viejo recetario neoliberal avalado por el FMI, una izquierda dispersa, dentro y fuera de Alianza PAIS (AP), que no encuentra el camino de su unidad histórica necesaria, base para reemprender con una propuesta que implique evaluación seria de lo acontecido en la década de la Revolución Ciudadana (RC), defensa de sus logros, corregir sus errores, ajustar sus planes, buscando acuerdos con los sectores progresistas, quienes obligados están a converger, con sentido unitario y plural, en un nuevo proyecto organizativo.
En efecto, le hace falta al país, la organización de un Gran Frente Progresista, que impulse cambios fundamentales, para reactivar el aparato productivo, elevando la productividad y capacidad competitiva, modificando viejas estructuras de propiedad y relaciones sociales de explotación que provocan inequidades, desempleo, concentración de la riqueza y del ingreso.
Desde ese Frente hay que defender los avances institucionales logrados en el marco de la Constitución de Montecristi que obliga, a construir el Estado democrático, pluricultural y multiétnico, la soberanía nacional y nuestras riquezas, manejar racionalmente desde el Estado los sectores estratégicos y los servicios básicos; organizar, dándole todo el apoyo necesario (infraestructura, servicios, créditos, etc) la economía popular y solidaria, desarrollar una política internacional soberana y de paz, respetando y haciendo respetar los principios del derecho público de autodeterminación y no intervención, con el ideal de Bolívar de la Patria Grande.
Es una gran tarea que obliga a defender la función del Estado de Transparencia y Control Social y su principal órgano de gestión el Consejo de Participación y Control Social (CPCCS), gran conquista que no fue manejada adecuadamente en la década pasada, que no se logró, a pesar del gran apoyo popular al gobierno de la RC, la participación organizada y permanente del pueblo, selección idónea de autoridades de control, veedurías públicas para prevenir y enfrentar la corrupción y liquidar el viejo esquema de política oligárquica de reparto de la troncha, a la que se quiere volver.
Si bien que con la última consulta se organiza un Consejo Transitorio de polémico accionar, no se ha logrado restablecer a plenitud la confianza ciudadana; por ello, desde su propio seno se atenta contra su vigencia, lo que obliga a las fuerzas democráticas a luchar por su vigencia, para que opere con eficiencia, introduciendo los cambios legales que sea menester, a fin de lograr, que la ciudadanía organizada, coordine acciones y participe activamente en la evaluación de las políticas públicas que se ejecuten y en el buen uso de los recursos financieros del Estado. Es una gran tarea de las fuerzas progresistas contra la derecha retrógrada. (O)
