En la legislación nacional se ha establecido con economía de lenguaje que el “servidor público” es aquella persona que en cualquier forma o a cualquier título trabaje, preste servicios o ejerza un cargo, función o dignidad dentro del sector público, entiéndase, en cualquier institución del Estado. El aparato estatal requiere de un considerable número de servidores, de los que dependerá no solo la reputación institucional, sino también la forma cómo se trata al ciudadano ante sus demandas y necesidades, es decir, buena parte del desenvolvimiento de la vida de la gente está en manos del servidor público, con una singularidad, que muchas veces en el sector privado se tiene la posibilidad de solicitar un servicio o atención a diferentes oferentes, mientras que con frecuencia lo público es la única opción.
Los servidores públicos son ese ejército humano que hace funcionar la pesada maquinaria del Estado; de su entrega, compromiso y eficiencia dependerá la concreción de objetivos de interés general, mientras que la perspectiva política, la mirada estratégica y las principales definiciones corresponden a las autoridades. En cualquier institución pública pueden haber los más avanzados planes y las más brillantes ideas, pero si para el funcionamiento de cada parte de la institución no se cuenta con el aporte de servidores responsables, sería imposible avanzar. Lo uno y lo otro va unido indisolublemente, ambos roles son imprescindibles y deben marchar acompasados.
No cualquiera puede ser servidor público, al menos tendrá que ser alguien con el perfil y preparación suficiente para el cargo que se trate, honrado a toda prueba, alguien que entienda que servirá a los demás procurándoles atención a sus problemas. El régimen jurídico establece principios del servicio público, entre los principales: calidad, calidez, competitividad, eficacia, eficiencia, lealtad, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, y que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Los servidores públicos deben cumplir muchos deberes, puesto que su misión no es menor, por lo que también merecen que con ellos se cumpla y respete todos sus derechos, lo que incluye entre otros, remuneración justa, estabilidad en el puesto, gozar de las prestaciones legales y de jubilación e indemnizaciones conforme con la ley, disfrutar de vacaciones y otros beneficios, recibir formación y capacitación, trabajar en un entorno adecuado y propicio.
Aunque no lo parezca a primera vista, tienen mucho en común el secretario de un Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, la cajera de una oficina de BanEcuador en Palanda, el Jefe de Rentas del GAD Municipal de Celica, un oficinista del Registro Civil de Machala, un docente de escuela pública en El Coca y un médico de un hospital público del Cantón Otavalo, pero tal vez lo sustancial que comparten sean dos hechos, por una parte, que todos perciben un sueldo financiado principalmente con los impuestos pagados por la ciudadanía, y por otra, que todos deben trabajar por el interés general antes que por sus propios intereses.
Es importante entonces que los servidores públicos actúen con principios, dignificando todos los días la alta responsabilidad que la sociedad les ha confiado, y que respondan a la altura de las expectativas ciudadanas, con servicio de calidad para todos, sin dedicatorias para nadie, y sin que importe la ideología o inclinación política de la autoridad de turno. Ser servidor público es una oportunidad invalorable para conocer y mejorar el intrincado mundo de las instituciones públicas, ponerse en los zapatos del ciudadano de a pie y brindar lo mejor en la atención a los demás.
