El Ecuador vivió expectante el inicio de las mesas de diálogo, pensado como un espacio de institucionalización del conflicto, al interior de las cuales se tomarían definiciones que nos lleven a un país que pueda ostentar una gobernanza, al menos débil, a partir del establecimiento de más de 200 acuerdos y más de 70 divergencias en las 10 mesas que concluyeron el pasado octubre.
Sin embargo, hay una realidad que es evidente, principalmente en cuanto a la mesa de Seguridad, Justicia y Derechos se refiere; ya que una historia es lo que pasó en su desarrollo y otra, la que nos contaron en términos de resultados y que se asemeja más a Macondo que a este país sudamericano.
Los discursos oficiales hablan de que no habrá contemplaciones para hacer frente al crimen organizado, cuando esa aseveración tiene un tinte narrativo y de propaganda, más que de acciones concretas. Sin afán de ser lapidaria, el sentido de oportunidad no ha estado presente en el último tiempo para anticiparse a los escenarios posibles, y menos aún para responder con la inmediatez que la situación amerita. A ello se debe añadir la ausencia de un plan estructurado y una clara estrategia, que al menos hayamos podido conocer.
Hablar de “tomar el toro por los cuernos” hoy por hoy, mientras con dolor vemos, al más puro estilo de las naciones en medio de un cruento conflicto, cuerpos colgados y más de una decena de atentados, incluso a un centro de salud, en diferentes ciudades del país en menos de 24 horas y responder a esta amenaza a la seguridad y estabilidad, con un quinto estado de excepción que, al igual que los anteriores, difícilmente tendrá los resultados esperados; no es suficiente. Hacer lo mismo y responder tibiamente, sin duda no basta.
La dimensión del conflicto cambió ampliamente ahora y la estrategia para hacerle frente es débil y evidentemente laxa. Las justificaciones de lo que pasó, o dejó de pasar, ya han pasado al plano de la mera retórica, qué hacer hoy y cómo abordar la situación actual, debería dejar de ser algo “reservado”. La mala asesoría, improvisación y falta de decisión acrecienta la problemática.
Un acuerdo nacional es indispensable, la política securitista y reactiva es cuestionable, pensar en abordar el tema desde su estructura, mediante análisis prospectivos es fundamental. Pero ello no puede funcionar sin la asignación de recursos estratégicos (no únicamente financieros) y un plan pensado en procesos reales de reinserción social con un enfoque de derechos humanos. Sin duda, esto tomará tiempo, pero no debe dejar de pensarse la situación en esos términos, sin perder de vista la necesidad de atender la coyuntura.
La violencia estructural que aqueja al Ecuador no se resuelve mediante consultas populares y evidentemente, tampoco con mesas de diálogo que no son reconocidas por los distintos actores sociales y políticos como espacios de concertación, sino como meros lugares para obtener beneficios. Y aunque podían haber sentado un precedente histórico en términos de diálogo en la historia reciente del Ecuador, lo cierto es que no fueron un éxito y se lograron desarrollar, no gracias a las personas involucradas, sino pese a ellas.
Ignorar la importancia de la gobernabilidad y de la adopción de medidas claras, firmes y oportunas, llega a ser sumamente peligroso y ahora la víctima es toda la población ecuatoriana.
