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Maria Paz Jervis

Designaciones acomodadas

21 de diciembre de 2020 00:00

Estos últimos días el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nuevamente genera noticia y como ha pasado habitualmente con este sui generis organismo, se debe a su actuar poco riguroso y antojadizo frente a los mandatos constitucionales. No en vano, son varias voces las que cuestionan su existencia.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi se reformó, entre otras tantas cosas, la estructura del Estado ecuatoriano.  El nuevo Estado Constitucional de Derechos propone un sistema democrático y participativo que sitúa a la ciudadanía – según establece la misma carta magna- en la posición de mandante y para ello se crea al CPCCS. Dicho organismo tiene entre sus principales competencias las de promocionar la participación ciudadana, promover la transparencia y lucha contra la corrupción, seleccionar y designar autoridades de control entre otras responsabilidades.

El Consejo de la Judicatura (CJ) es el órgano de administración y vigilancia de la Función Judicial; está integrado por cinco delegados y sus respectivos suplentes. Tal como dispone la Constitución en su Art.  179, el CPCCS elegirá a los integrantes entre ternas enviadas por las siguientes autoridades del Estado:  presidente de la Corte Nacional de Justicia, Fiscal General del Estado, Defensor Público Función Ejecutiva y Asamblea Nacional.

El espíritu de este articulado es garantizar que las personas que integran el CJ, provengan de varios sectores y así garantizar la imparcialidad, idoneidad e independencia de sus acciones. Evidentemente cada aspirante deberá cumplir con requisitos profesionales y de idoneidad, pero también el ser postulados por las autoridades mencionadas, debería incrementar los niveles de confianza.

En enero de 2019, en cumplimento con las disposiciones constitucionales, el CPCCS designó mediante concurso público a los 5 miembros del CJ. La vocal proveniente de la terna enviada por el Ejecutivo renunció al cargo en julio de 2019. Asumió las funciones el suplente quien también renunció en noviembre de 2020. Ahora el CPCCS deberá llenar esa vacante, pero decidió que no atenderá a lo que manda la Constitución, sino que obviará la terna enviada por el ejecutivo y que más bien elegirá un reemplazo de entre los suplentes de los vocales en funciones.

Este nuevo intríngulis de la administración pública ecuatoriana parecería ser un capítulo más de debilidad institucional. Pero es importante prestar atención a los sectores más entusiastas con las designaciones acomodadas que ignoran la ley y buscan favorecer a los grupos políticos tradicionales.

Más allá de las personas en cuestión, lo grave de este incidente que es el país se muestra ingobernable, invivible e insanable.

No sería la primera vez que se obvie la ley en favor de algunos, pero sí llega en un momento en que la ciudadanía se encuentra agotada ante tanta trampa.

En las próximas semanas, iniciando el periodo electoral, durante las fiestas de fin de año y los estragos de la pandemia se ventilarán denuncias y aclaraciones ante distintas instancias para dar salida a una disputa que no debería existir.

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