Los espacios de participación son indudablemente uno de los mayores ejercicios democráticos que las personas debemos aprovechar de una manera responsable e informada.
La consulta popular en Ecuador es un procedimiento vinculante, esto significa que las decisiones que se tomen en las urnas el domingo 5 de febrero serán de obligatoria aplicación. La preocupación que surge en este escenario es que históricamente en Ecuador, la voluntad que la ciudadanía expresa a través de los comicios responde más a la adhesión o rechazo hacia quien promueve el espacio, que a una reflexión sobre las implicaciones y consecuencias derivadas de la elección tomada.
El impulso que se ha dado a la consulta popular muestra claramente que esta es una de las prioridades en la agenda del ejecutivo, cuya aprobación oscila entre el 20 y 30% en la actualidad – según datos de varias encuestadoras –. Aunque la indecisión es alta, sobre todo en la población joven, se ha visto una campaña mediática potente para promover la consulta popular, probablemente pensada esta como la última carta que se juega el gobierno para repuntar en las acciones, que piensa que, a partir de la consulta, favorecerán su aceptación. Según IPSOS en enero del 2023, todas las preguntas tienen intención de voto favorable y las que cuentan con mayor apoyo son la 3, 4 y 5.
Evidentemente pasa lo propio con las elecciones seccionales, en vista de que hemos sido testigos de una lógica de cacicazgo, que es la que ha marcado las inclinaciones de la población en la toma de decisiones. No podía ser de otra manera, si los espacios para poder contrastar planes de gobierno o presentar propuestas concretas, como lo fueron los debates – y que costaron casi un millón de dólares –, mostraron una importante debilidad metodológica y escasa calidad de la argumentación y contraargumentación, siendo utilizados para presenciar ataques entre candidatos y candidatas, insistir en lugares comunes y posicionar slogans. Tal es así que la indecisión en ciudades como Quito, aún bordea el 60%.
El momento que atraviesa el Ecuador en el contexto deestas elecciones, trae consigo una particularidad, y es que la ciudadanía siente agotamiento e incluso hartazgo por laclase política – en los diferentes niveles de gobierno –, por las promesas de campaña y por las “palabras bonitas” que ya nadie cree.
Se espera de las próximas autoridades, que pasen de plantear propuestas demagógicas o poco viables, a manifestar un real interés y firmeza en la toma de decisiones inmediatas y urgentes para brindar soluciones a los ejes prioritarios en materia de seguridad y economía, junto a que puedan mostrar probidad en la administración pública. Esto implica pasar del marketing político a demostrar solvencia en explicar cómo lo harían y más aún a ponerlo en práctica. ¿Será que aún es posible contar con esos perfiles en calidad de autoridades locales? Por el bien de Ecuador, se espera que sí.
Las expectativas de que, desde lo local, se puedan empezar a generar cambios que trasciendan a lo nacional se han elevado, aunque el sentimiento de desesperanza ha calado muy hondo y demasiado profundo.
En medio del fuego cruzado entre acusaciones de corrupción, violencia en ascenso exponencial y proselitismo político, solo queda esperar que la participación democrática y la corresponsabilidad ciudadana – idealmente sensata y reflexiva –, permitan generar nuevos acuerdos democráticos basados en liderazgos legítimos que sí piensen en función de colectividad.
