En menos de tres años la actual Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional lo que antes declaró constitucional: las enmiendas de 2015.
Aunque la decisión en esta ocasión es correcta, no deja de asombrar la facilidad de la Corte para contradecirse y para actuar tardíamente respecto a asuntos de gran trascendencia nacional.
¿Qué sucedió durante ese tiempo en términos constitucionales? Pues, según se infiere de este último dictamen de la Corte, se violó la Constitución y se violaron derechos. ¡Pero ello ocurrió justamente en virtud del dictamen de 2015 de la misma Corte!
Lo mismo se puede afirmar en otros casos en los cuales la Corte se ha tomado un tiempo escandalosamente largo para decidir, sobrepasando todos los plazos legales, reglamentarios o razonables. Por ejemplo, el caso Satya fue resuelto en seis años, el relativo al techo de las utilidades de los trabajadores y de supresión de aportes estatales al IESS casi en tres años, el relacionado al derecho a la educación sexual de los adolescentes se tramitó en siete años, y el caso Chevron-Texaco en cuatro años cinco meses.
Estos fallos tardíos también han creado nuevos problemas que no se hubieran producido si la Corte hubiera decidido oportunamente. Solo para citar el caso de los trabajadores, esta tardanza les significó a muchos de ellos una limitación inconstitucional en la percepción de sus utilidades.
En el caso de los empleados públicos, muchos que debían regirse por el Código del Trabajo fueron ubicados bajo el régimen de la Ley de Servicio Público. Finalmente, todos los trabajadores afiliados fueron perjudicados cuando el Estado dejó de aportar el 40% que le correspondía al sistema de seguridad social.
La justicia constitucional debe respetar el debido proceso, es decir, debe ser coherente y ágil; debe decidir acertada y oportunamente porque generalmente están en juego derechos fundamentales, y porque una violación a la Constitución siempre es algo urgente. (O)
