El próximo octubre la Constitución de Montecristi cumplirá 10 años de vigencia. En la actual coyuntura cabe preguntarse cómo es posible que bajo la misma Constitución se hayan desarrollado gobiernos tan distintos como los de Correa y Moreno.
En realidad, una Constitución no determina totalmente lo que un gobierno hace o deja de hacer, pero lo condiciona, establece los legítimos límites, orientaciones, así como la organización básica del Estado en su conjunto. Todo ello debe encaminarse siempre a la concreción de los derechos de los ciudadanos y sus comunidades.
Paradójicamente, durante el período de Correa se utilizó a la Constitución y se invocó un supuesto interés público, para concentrar el poder y regular e incluso violar los derechos de expresión, asociación, participación y otros derechos fundamentales.
Pero no cualquier uso o interpretación de la Constitución corresponde a un verdadero constitucionalismo, entendiendo por tal el que pone efectivamente la actividad y organización del poder al servicio de los derechos y la sociedad.
En realidad, al subordinar los derechos al Estado se produjo una desconstitucionalización del país, porque como bien lo indica el artículo 11 numeral 9 de la propia Constitución: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
Hoy asistimos a una transición institucional, que por su propia naturaleza es dificultosa pero debe conducirnos, pese a todas las limitaciones que tiene la actual carta, a un orden constitucional democrático, una reconstitucionalización: enfatizar primero los derechos y desarrollar en función de ellos la organización y actividad del poder público.
Para lograrlo es necesario restaurar la independencia judicial, la autonomía de los órganos públicos tanto de control como de protección de derechos humanos.
Nunca hay Constitución sin este firme compromiso político, jurídico e histórico con los derechos. (O)
