Los cien días son un constructo social por medio del cual relacionamos un tiempo específico con hechos a los que les otorgamos valores de trascendencia e importancia: los primeros cien días de una mujer embarazada, de una persona recién nacida, de un Gobierno entrante. Este último adquiere una dimensión mayor por tratarse de un constructo social ya no solo individual, sino colectivo. Este es el caso de Ecuador, donde los cien días se cuentan a partir del 24 de mayo. Para un Gobierno, como el que inaugura su período en dicha fecha, representan solo el 6 % de su mandato de cuatro años. En realidad, resulta ser un plazo muy corto en el que poco es lo que puede cumplir en términos estratégicos de la política, y en el que no se logra disponer de suficientes elementos e insumos que permitan constituirse en puntales para empezar a avizorar el futuro del Gobierno. No obstante, los primeros cien días son una especie de barómetro del poder y de la capacidad del presidente entrante.
El presidente electo, que debe enfrentar las circunstancias críticas que la pandemia del covid-19 ha impuesto al país y al mundo, ofreció durante su campaña electoral vacunar en cien días a la población ecuatoriana. Tarea difícil, porque depende de factores externos que están vinculados con la existencia real de vacunas y de su abastecimiento, junto con la capacidad logística y de ejecución de la inmunización en todo el territorio nacional.
Durante los primeros cien días, el nuevo mandatario deberá definir su gabinete y la estructura de los ministerios, además de emitir los decretos necesarios que permitan la ejecución de su plan de gobierno, junto con las leyes que deben ser enviadas al Poder Legislativo y las medidas urgentes requeridas para mantener la gobernabilidad y la gobernanza. Se pone en juego la fortaleza del Gobierno mediante la capacidad de gestión y el potencial real de la efectividad del liderazgo del gobernante.
A la brevedad posible se debe validar el plan de gobierno con los principales actores sociales, con objetivos y metas que sean conocidas por la sociedad y apegadas a la ley, al tiempo que se busque fortalecer de manera constante la institucionalización del Estado. Es prioritario centrarse en las medidas urgentes que requiere el país y acompañar su cumplimiento. Será necesario ensamblar la planificación con los sistemas de evaluación de las políticas públicas de manera urgente. Hoy más que nunca se ha verificado en la gestión del Estado moderno la necesidad de disponer de oficinas de evaluación de la gestión del Gobierno. Se requiere revisar el rol de ciertas instituciones que se han debilitado durante estos últimos tiempos. Son instituciones que están legalmente constituidas pero que no sirven para nada, es decir, no tienen legitimidad ante la sociedad.
La necesidad de atención a las finanzas públicas está dimensionada por el período de la pandemia del covid-19, ya que los Gobiernos tienen gastos muy altos para remediar la situación de calamidad pública. Aparte de eso, el balance fiscal también debe tomar en cuenta la probable necesidad de nuevos gastos para contener la pandemia en 2021.
Las universidades deberían ser las grandes aliadas del Gobierno entrante, por todo lo que ellas representan. Sí es pertinente, por ejemplo, que se constituya un frente de expertos que asesore al régimen en las diferentes áreas estratégicas del Gobierno y principalmente en las más urgentes y sensibles. Esperemos que los cien días de mandato del presidente Lasso sean los mejores, porque si a él le va bien, de seguro nos irá bien a todos los ecuatorianos.
