En todo el mundo, la educación superior ha concitado el interés de muchos investigadores durante las últimas décadas, sobre todo a partir de los procesos de democratización e inclusión que han facilitado mayores oportunidades de acceso de la ciudadanía a niveles más avanzados de educación, la cual es un derecho de toda persona y por tanto su acceso debe ser democrático y libre. De ahí que el Estado debe crear condiciones favorables para una educación inclusiva y de calidad.
La relación entre desarrollo y formación superior, como suposiciones y consecuencias mutuas, es tema recurrente, de manera especial, durante momentos en los que se producen cambios en las políticas de educación de un país. Las universidades son el elemento principal que forma el capital humano y que debe ser fomentado y promovido en un país que pretende tener un desarrollo que implique no solo crecimiento económico, sino también progreso social, reducción de las desigualdades y cuidado del medioambiente. La promoción de la educación superior inclusiva debe ser realizada por la gestión gubernamental resultante de políticas públicas, que se formulan como resultado de discusiones entre los distintos actores sociales y formalizadas en los procesos legislativos, que legitiman todas las acciones a ser implementadas por el Gobierno.
Para la obtención del desarrollo, ya sea en su concepción más tradicional o en la línea del desarrollo sostenible, el punto en común es que tanto la educación como la investigación están siempre presentes en los nuevos ciclos de avance o retroceso de la sociedad. La educación superior, además de promover períodos modernos de desarrollo económico, también es fundamental para comprender y aceptar nuevos modelos de desarrollo que tienen como objetivo la reducción de las desigualdades, una mayor solidaridad de las personas y la adopción de medidas y acciones que disminuyen los impactos ambientales.
Esta inversión en el capital humano deberá realizarse, de preferencia, como iniciativa del Estado, al ser una estrategia de gobierno para promover el desarrollo a ser asumido y llevado adelante por el régimen, con el fin de orientar los objetivos que deben ser obtenidos en el futuro y no solo en función de los intereses del mercado laboral.
El Gobierno del presidente Lasso en esta semana tomó la acertada decisión de eliminar el examen de ingreso a la universidad ecuatoriana, evaluación que desde su implementación ha pasado por varias dificultades y que se ha constituido en un buen caso de estudio de una política pública con resultados inequitativos, excluyentes y costosos. Es momento de trabajar en conjunto todo el sistema de educación superior, hombro a hombro con el Gobierno, para obtener gobernabilidad del sistema y la búsqueda del desarrollo de nuestro país.
