La comitiva ecuatoriana, presidida por el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño; la ministra de Justicia, Johana Pesántez; y el procurador, Diego García, no solo se reunirá hoy con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que también mantendrá encuentros con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con el secretario del organismo, José Miguel Insulza.

Según el canciller Patiño, en la reunión no solo “se pedirá explicaciones” sobre la emisión de las medidas cautelares a favor de El Universo en el marco de un proceso judicial interno, sino que Marco Jurado, asesor jurídico de la Cancillería, dijo que se cuestionará el derecho a la vida de los periodistas que son perseguidos y por qué deben  esperar de 4 a 6 meses para probar que su vida está en peligro y hasta tanto el organismo no les entrega las medidas cautelares de manera inmediata. Mientras que, en otros casos hay celeridad en la entrega del recurso.

Desde el martes, también, los directivos del diario guayaquileño, entre ellos César Pérez, subdirector del periódico, así como Fundamedios, exponen -según el boletín de esta última organización- las supuestas “restricciones legales a la libertad de asociación en las Américas”, en el marco del 144º período de sesiones.

En el documento de la organización se afirma que Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, durante su intervención, dijo que en Ecuador una docena de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y resoluciones, regulan el accionar de la sociedad civil. Sin embargo, a su criterio no hay normas en el rango legal que garanticen plenamente la libertad de asociación.

En el encuentro, que se desarrolló en la American University, también participó César Pérez, en su calidad de sudirector de El Universo, quien, según publicó el periódico guayaquileño, habría cuestionado que la sociedad ecuatoriana haya permanecido indiferente ante los ataques que constantemente sufre la prensa por parte del Gobierno, así como que en la Ley de Comunicación que tramita la Asamblea no se despenalice el delito de injuria.