Ninguna persona fue a la cárcel por el incendio de la discoteca Factory

- 19 de abril de 2018 - 00:00
En el Parque de las Diversidades se han hecho varios de los conciertos para conmemorar a las víctimas. El año pasado no se realizó ningún recital.
Foto: Jhon Guevara / EL TELÉGRAFO

Familiares de 18 fallecidos en el siniestro conformaron la fundación que lleva el nombre del lugar. Su abogado ha impugnado la única sentencia que hubo, otras demandas están aún por resolverse. El sábado se realizará una misa.

Hace una década, la escena rockera del país vivió su episodio más triste. Fue un incendio en una discoteca ubicada en el sur de la ciudad a raíz del cual fallecieron 19 personas.

Autoridades y algunos medios de comunicación resaltaron que la tragedia ocurrió durante un concierto de música gótica, pero pudo haber sucedido en cualquier otro evento: el sitio no era adecuado para hacer conciertos, se usaron bengalas en el escenario y habían materiales inflamables embodegados en el techo.

El sábado 26 de abril de 2008, en el Coliseo General Rumiñahui, se realizó un multitudinario concierto en homenaje a los desaparecidos. Un año y medio después de eso se creó la Fundación Factory, cuyos integrantes siguieron de cerca el proceso judicial y, de forma alternada, coordinaron el evento anual en memoria de las víctimas.

Junto con los gestores del evento Ultratumba 2008 se acusó a responsables en la administración pública, funcionarios del Municipio de Quito que emitieron permisos para el uso del predio (avenidas Maldonado y calle Pujilí), y a quienes usaron pirotecnia en un sitio cerrado.

Antes de que se cumplieran dos años del siniestro, el 18 de noviembre de 2009, hubo una sentencia. El Tribunal octavo de Garantías Penales de Pichincha declaró “autores responsables del delito de homicidio inintencional” (tipificado en los artículos 459, 460 del Código Penal) a Gabriel R. y Patricia C.

La pena definitiva fue de dos meses de prisión correccional y una multa de $ 30 (Causa 160-2009, Tribunal octavo de Garantías Penales de Pichincha).

Hace dos años, este diario entrevistó a Patricia C., quien piensa que la “juzgaron por ser un personaje público en la escena rockera. Yo no fui la organizadora del evento”.

Ella —que no cumplió la pena impuesta porque prescribió en 2015— había difundido la música de las bandas que se presentaron en el concierto en su programa radial y asistió al evento. “Aún no hemos superado este suceso. En su mayoría, las víctimas eran nuestros amigos y nosotros nos salvamos. Fue muy duro enterarnos de que otros fallecieron en hospitales después del incendio”, aseguraba junto con su esposo, quien la acompañó al show.

Consultado por EL TELÉGRAFO, Orlando M., cuyo caso fue sobreseído por falta de pruebas que lo implicaran en la organización de Ultratumba 2008, cuenta que “la desgracia dio un giro a nuestras vidas; tuve que trabajar desde la clandestinidad y salir adelante”.

El abogado Fernando Lara —hermano de Danilo Lara, fallecido días después del flagelo— es el representante de la Fundación Factory y considera que los familiares de las víctimas fueron “excluidos del proceso penal, pues jamás estuvieron de acuerdo con que se acuse únicamente a dos personas.

A través de un correo electrónico, Lara explicó que los sentenciados presentaron un recurso de casación a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que modificó la sentencia de dos años de prisión, pena ante la cual los procesados interpusieron la Acción Extraordinaria de Protección en 2012 (causa 0995-2012-EP) que no ha sido considerada aún por la Corte Constitucional (CC).

Hasta hoy, nadie ha cumplido sentencia por la tragedia ocurrida hace 10 años.

Caso impune
Fernando Lara presentó en 2009 una denuncia contra 22 exfuncionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito porque habrían actuado “en contraposición de las ordenanzas Contra Incendios y de Medio Ambiente, pues el local no cumplía los parámetros técnicos, como las dimensiones de las puertas de ingreso y de evacuación (que estuvieron cerradas el día del incendio), para escapar en caso de presentarse fuego”.

Bomberos, comisarios municipales y cinco concejales habrían autorizado el funcionamiento de Factory.

Esa y otras demandas civiles en contra del Cabildo —por daños y perjuicios, incluso morales— están en el Tribunal Número 1 de lo Contencioso Administrativo, a la espera de que se dicten las sentencias.

La Corte Constitucional y la Unidad de lo Contencioso Administrativo no se han pronunciado sobre el tema, pero en el caso de la CC, se emitió un Auto de admisión (Caso 0995-12-EP) que no implica la aceptación de la Acción extraordinaria interpuesta y no obliga a un nuevo pronunciamiento sobre el caso judicial ordinario, quizás solo su revisión.

Factory había cambiado su estructura antes del desastre. El predio estaba cerca de centros educativos, lo cual fue una primera contravención y tenía permisos para que funcione un solo negocio cuando se trataba de tres bares administrados por una persona que murió ahí aquel 19 de abril.

 La respuesta del exalcalde
Hace un año, Paco Moncayo, quien fue alcalde de Quito hace una década, señaló que “el Concejo Metropolitano —que está por encima del alcalde al representar la voluntad popular del Distrito— era el encargado de establecer responsabilidades inicialmente, por lo cual se siguió una acción legal, hoy por hoy aún en marcha”.

El Parque de las Diversidades fue inaugurado junto a un memorial en junio de 2016, donde funcionaban las instalaciones de Factory, en la ciudadela Clemente Ballén. La inversión para este lugar, que incluye dos escenarios, fue de $ 1,7 millones, aproximadamente. (I)

“Caso Factory”

Hubo dos sentenciados

Dos personas fueron condenadas por homicidio inintencional en 2009. 6 años después la pena de 2 meses de cárcel y una multa prescribió. Una fue señalada como la organizadora del evento y otra como la que encendió las bengalas.

19 personas murieron a causa del incendio del sábado 19 de abril de 2008. Hubo 35 heridos.

Testimonio de una madre

Gloria Cruz (mamá del fallecido Diego Freire) dice que el propósito de la fundación es “que  se respeten los derechos culturales y que se haga justicia”.

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