La actitud de rebelión supuestamente colectiva contra una sentencia legalmente emitida, en el caso de injurias contra el Presidente de la República, de aparentemente toda una comunidad en la region amazónica, amerita una indagación fiscal para determinar si ciertos funcionarios seccionales o personas particulares están incurriendo en lo dispuesto en los arts. 249, 251, 277 ordinal 4°, 310, 387 y 439 del Código Penal aún vigente, quienes, de ser declarados autores, cómplices o encubridores de estos hechos, deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.

El desconocimiento de sentencias y órdenes legalmente emanadas por autoridad competente sientan un mal precedente por el evidente irrespeto al estado de derecho, cuya vigencia debe caracterizar a los habitantes de un país que se reputa institucional.

Caso contrario sería una vergüenza admitir que el Ecuador aún no ha podido superar etapas de primitivismo e incivilidad, propias de sociedades atrasadas e incultas, indignas de pertenecer al concierto de naciones civilizadas.

Atentamente
Ab. Jorge Chambers Hidalgo