Ud., señor Mandatario, debe saberlo ya, antes de que sea tarde. Aunque desencantados por las falencias de los operadores de justicia, mejor estábamos, entre muebles viejos y obsoletos despachos, visitando el Palacio de 9 de Octubre y Pedro Moncayo. Si queríamos hablar con el secretario del juzgado no teníamos inconveniente alguno, él y sus subalternos estaban a vista de todo usuario circunstancial y abogados. Podían los abogados revisar directamente los procesos y controlar personalmente la actividad judicial.

Ahora, en las elegantes y muy cómodas oficinas, se llega, se toma un ticket numerado y debemos sentarnos -seamos abogados o sencillamente usuarios- y tenemos que esperar por largo tiempo, no para contactarnos con amanuenses, secretarios o jueces, sino con una o un joven almidonado que escucha nuestro requerimiento. Y operando una fría computadora nos informa el “estado del juicio o diligencia” (ese dato podemos directamente obtenerlo por Internet), solicitándonos esperar 72 horas para cualquier despacho. Si no estamos satisfechos, se nos hace esperar un momento para que hablemos con un ciudadano pulcramente vestido, que dice ser el coordinador de área, quien escucha nuestro pedido o queja y nos ofrece hablar con el “encargado del caso” y de la misma manera nos pide volver en 72 horas. Y pare de contar. No se tiene acceso al amanuense, al secretario, peor al juez. No pueden los abogados revisar el proceso para comprobar avances, inclusión o mutilación de documentos. El usuario o el profesional del derecho tienen que malamente resignarse y volver acuciosos a los tres días. Se está viviendo en las cortes provinciales una pesadilla. Los procesos no caminan.

Únicamente hemos tratado la grave negligencia administrativa, porque existen actitudes vergonzosas de corrupción, iguales o peores que en el ayer socialcristiano. La verdad aunque duela.

Arturo Santos Ditto