Perú atraviesa una crisis institucional y política que no es una novedad sino un mal crónico asentado en la corrupción sistémica y la falta de credibilidad tanto de las instituciones como de los partidos políticos. La originalidad radica en que coinciden, al mismo tiempo, una crisis institucional y la crisis interna de Fuerza Popular, todo esto sin una crisis económica. En este sentido, el divorcio de la economía y la política es, prácticamente, una excepción en la región. La postura de la lideresa de Fuerza Popular bajo el Gobierno de Pedro Kuczynski fue de pura y dura demostración de músculo político: Keiko demostró que puede bajar presidentes. Lo que no pudo lograr (al menos hasta ahora) fue capitalizar la crisis que, en parte, creó y evidenció. En pocas palabras, no pudo sostener, en los hechos, ser quien encabece la denuncia contra la corrupción y salir ilesa. Vizcarra fue más “tiempista”, esperó los ataques para luego lanzar un dardo certero al núcleo de poder de Fuerza Popular, en tanto partido: el Congreso. A Keiko se le abrieron entonces dos frentes adversos que tironearon de ella en direcciones opuestas: la opinión pública y el partido, que inauguró el 2018 con una fragmentación interna encabezada nada menos que por su hermano, Kenji. A su vez, Vizcarra sometió el referéndum que propone una reforma de la Justicia y del Parlamento  –entre ellas el retorno a la bicameralidad- a consideración del Congreso. Este hecho incrementó el debate dentro del recinto, obligando a Fuerza Popular y al partido aprista (que supo ser una identidad aglutinadora pero que en el último tiempo se vio erosionado, tanto en lo económico como en lo político, dilapidando su representación) a defender públicamente a un personaje como el fiscal Chávarry, sobre el cual pesa una opinión pública negativa. De acuerdo a la encuesta urbano-rural realizada por GfK para el diario La República del 18 al 22 de agosto, el 74% cree que el fiscal está tratando de obstruir la investigación porque está implicado en los audios, mientras que solo un 8% ve que la investigación es parte de sus funciones. Además, el 51% afirma que el fujimorismo apoya a Chávarry frente a un 21% que lo estima crítico. El 65% considera que el Congreso no está comprometido con la reforma judicial.

Bárbara Ester