Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, y Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), coinciden en que la jueza sancionada por liberar a un implicado en lavado de activos tenía prohibición legal expresa para hacerlo.

La suspensión por 90 días a la jueza ha indignado a un vocal transitorio, a la directora del Observatorio de Derechos y Justicia y al defensor de los pobres jueces que, por temor a ser despedidos, dictaban sentencias fabricadas por orden de Correa.

“No se puede volver a las prácticas del anterior Gobierno”, se vocifera, mientras se olvida que, cuando el exdictador les pisaba la cerviz, callaban y aceptaban sin chistar el error inexcusable; ahora solo protestan porque el patrón está en Europa. (O)

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar