Este cuerpo legal fundamental ha sido permanentemente atacado, especialmente  por determinados medios de comunicación privados, convertidos en actores politiqueros y por ciertas ONG.

La Human Rights Foundation, recientemente,  pontificó que dizque el primer paso para lograr la democratización del Ecuador debe ser la derogación “de la draconiana Ley Orgánica  de Comunicación “. Asimismo,  dicha fundación señaló que el presidente electo, Lenín Moreno, “debe dar garantías de independencia  al poder judicial y cambiar radicalmente las directrices  autoritarias de la Supercom y otras oficinas del Estado que han sido un mero brazo ejecutor del régimen correísta (...)”. Además,  rechazó la sanción  impuesta por la Supercom a 7 medios privados por no haber publicado un reportaje de Página 12 de Argentina, sobre las andanzas financieras del ex-candidato presidencial  Guillermo  Lasso.

Lo señalado deviene en inaceptable, pues no se debe permitir que una ONG se permita trazar la agenda del Gobierno  de la Revolución Ciudadana que encabezará el binomio Moreno-Glas.

Diferente resulta que aquellos 7 medios sancionados interpongan sendas acciones de protección constitucional contra la resolución dictada por Carlos Ochoa, en su calidad de superintendente de Información  y Comunicación,  por supuestamente haber incurrido en la figura de censura previa. Amén de que tales medios sancionados pueden agotar el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley de la materia para interponer tanto cuanto recurso fuere procedente. Del mismo modo, podrían demandar por la vía contencioso-administrativa; estarían en su derecho. En fin.

Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley; ni siquiera  aquellos soberbios que alguna vez dijeron que: “La mejor ley es la que no existe”.

Si alguna reforma requiere la Ley 0rgánica de Comunicación, será la Asamblea Nacional la que deberá actuar oportunamente y sin ninguna presión de los politiqueros de siempre.

Atentamente

Carlos Humberto  Zambrano Zúñiga