La Constitución Política dictada por la Asamblea Constituyente (1944-45), creó la Contraloría General del Estado, a fin de cuidar de la correcta recaudación e inversión de los fondos del Estado.

Le dio autonomía en sus funciones administrativas; repito, administrativas. En definitiva reemplazó al otrora Tribunal de Cuentas, que creo que actuaba en el ámbito judicial propiamente dicho. Luego vino la Constitución de 1946, cuando el corazón de Velasco Ibarra se pasó de la izquierda política a la derecha reaccionaria...

La Constitución de Montecristi (2008), dice que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales.

Entre sus funciones están el dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público; determina responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. En fin.

Hoy, el contralor Pablo Celi, quien fue por larga data brazo izquierdo (¿o derecho?) del destituido y prófugo de la justicia, Carlos Pólit, ha propuesto que se sustituya la función constitucional de la Contraloría General del Estado, por un Tribunal de Cuentas; es decir,  pretende que se modifique la estructura de funcionamiento de la CGE. Celi hizo varias propuestas.

Frente al proyecto de marras, conviene un estudio sereno, objetivo y eminentemente técnico; lejos de la politiquería y de los cálculos premeditados de los interesados y sapos de siempre. Ojalá pues, que tan interesante y oportuna propuesta del expupilo del prófugo Pólit se convierta en tema de debate serio y muy responsable.

Por la publicación de esta carta, gracias anticipadas.

Atentamente.

Carlos Humberto Zambrano Zúñiga
CI.:1702647189