La Constitución garantiza la educación gratuita para formar a economistas, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, profesores, etc., pero no da educación gratuita para la “formación del conductor civilizado de vehículos”, a pesar de que al conducir se está tratando con la vida y con la muerte.

Para esto se requeriría la creación de escuelas públicas de conducción de vehículos, con un estándar de calidad, semejante al de las mejores escuelas de conducción, que existen en varios países del mundo, como son las de Alemania, Japón, Finlandia, Inglaterra, y otros más.

Cuando existan estas escuelas públicas de conducción será posible el cambiar de concepto y empezar a revisar y evaluar anualmente a los conductores, para enfrentar con exactitud al 95% de las causas de accidentes, que son: en primer lugar, la impericia; segundo, exceso de velocidad; tercero, estado de ebriedad; cuarto, no respetar las leyes y reglamentos de tránsito.

Así, el conductor que no aprobare la revisión-evaluación anual tendría suspendida la licencia y se le obligaría a regresar a la escuela pública de conducción, para recibir instrucción y entrenamiento, y aprobar las pruebas, para poder continuar con la posesión de la licencia de conducir.

Y la causa de accidentes más pequeña, con el 1%, es la falla mecánica. Y es curioso que, para supuestamente solucionar la más pequeña de las causas de accidentes, está organizado el enorme negocio de la revisión vehicular, que produce millones de dólares cada año, para beneficio del Municipio de Quito y de la empresa concesionaria de la revisión vehicular. Como información, en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, en el año 2000 se abolió la ley de revisión vehicular.

Para crear las escuelas públicas de conducción existe el dinero para el financiamiento, que está en el exceso que cobran las compañías de seguros, en el seguro SOAT. 

El anterior fiscal general, Dr. Washington Pesántez, ya dictaminó que debe devolverse el 60% del valor de las primas pagadas por los propietarios de vehículos. Pero el presidente Correa solo aceptó que se devuelva el 30%, y solo desde el año 2009. En cifras aproximadas, la devolución alcanzaría los 120 millones de dólares.


Hernán Cevallos