Al margen de la constitucionalidad o no de la consulta-referéndum, al no haberse contado con dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional, y al no haberse respetado a los amicus curiae, el pueblo se pronunció.

Ahora sí, el gobierno de Lenín Moreno está obligado a aplicar todo el plan-programa que ganó en las elecciones presidenciales de 2017. Su política económica debe dirigirse en bien del pueblo.

¿Qué esperan para renunciar ya aquellos funcionarios que quedaron noqueados el 4 de febrero: superintendentes, fiscal general, etc.? Tales renuncias les ahorraría trabajo a los del CPCCS transitorio.

Cuidadito con el toma y daca, para que algunito se quede de agache, según ciertos “indicios”. (O)

Carlos Humberto Zambrano Zúñiga