Las autoridades que hemos tenido durante la década ganada por la corrupción sí son de Ripley, porque todavía viven o se hallan en funciones, tanto las del Ejecutivo como las del Legislativo.

Se dictó la Ley de Transparencia con la que se engañó a los ecuatorianos haciéndonos creer que todo lo que sucedía en el Estado era legítimo y transparente. Qué farsa más descarada. Con los recursos del pueblo se contrató a un perito para que informe sobre el asesinato del general Gabela; y a ese informe que debía ser público le dan el carácter de reservado para proteger a los autores intelectuales, interesados en apagar la voz del general que se opuso al despilfarro por la compra de helicópteros chimbos. Violaron la ley que ellos mismos dictaron, mutilaron páginas del informe que los comprometían.

¿No será hora de que se deroguen los decretos que crearon estas reservas y se permita que el perito haga público su auténtico informe para encausar a los responsables? (O)

Gustavo Chiriboga Castro