No me atrevería a calificar el grado de eficiencia de las instituciones en mi país, y menos asignarles un marco de propósitos de aceptación general ciudadana, sin dejar de considerar las más variadas argumentaciones que se esgrimen en favor de modelos, que a su salsa y sabor, unos y otros, estiman deba implantarse. Con independencia de estar en las conocidas orillas de derecha o de izquierda, para ponerlo en un plano ideológico, se ejercen gestiones públicas, bajo el convencimiento de estar favoreciendo al bien común, por lo menos, si nos atenemos a las declaraciones que son de dominio público.

El bien común es una subjetividad que guarda relación con los intereses de grupos o de colectividades y, en ese sentido, el manejo económico extractivo, para quienes lo idealizan, es una política que permite a partir de la riqueza de los dueños de los mayores medios de producción, generar bienestar para el resto. El Estado es, para estos, un regulador de sus negocios, sin capacidad de generar riqueza. El Estado, por su parte, no es en sí un generador de riqueza para los que defienden políticas inclusivas, sino el medio que hace posible una participación amplia y pluralista, como bien remarca James A. Robinson.

En Ecuador hay un acentuado estado de controversia respecto del modelo que debe ser aplicado y esto sucede porque, de repente, existe un gobierno que hace de las instituciones públicas y privadas el instrumento de bienestar para todos, como nunca antes en nuestra historia había acontecido. No es fácil tomar una determinación de esta naturaleza sin el riesgo de que se aprecie algún sesgo partidario, pero siendo así, las cifras y datos que de carácter público se conocen en el mundo nos relevan de mayores comentarios.

Hay mucho por hacer, pero la institucionalidad en Ecuador cobra sentido a partir de una gestión sobre la base de lo que no se había hecho por el bien común, es decir, en favor de pobres y de ricos, de empleados y de empleadores, así como de productores y de consumidores. Siempre habrá que mejorar, de eso no hay la menor duda. El manejo de una política inclusiva requiere, a la vez que un marco, de prácticas efectivas de apoyo a las diferentes organizaciones sociales, si queremos un entorno institucional que sirva de estímulo para el desarrollo. (O)

Atte.
Vicente Nevárez Rojas