La ley Cootad de 2010 establece que el registro de la propiedad es competencia de cada cantón. En Quito, la transferencia de competencias al Municipio adolece de problemas de diverso orden, algunos no muy santos, como un caso prácticamente resuelto antes de la ley, hoy atrapado en un nudo gordiano.

Desde 2008 mi esposa ha querido escriturar al hijo menor su parte del  departamento que una tía suya les dejó en  herencia. En marzo de ese año un abogado aceptó hacer el trámite. Pidió $ 1.000 por adelantado para los gastos.

Periódicamente estuve llamándolo para conocer el avance del caso, recibiendo siempre respuestas poco alentadoras, hasta que en julio de 2009 el abogado, frustrado por la burocracia, desistió del caso y me devolvió el dinero.

Recurrí a otro abogado que lleva casi tres años en los trámites. El año pasado, ante la demora,  me explicó  que hay un grave problema de base de datos y de inexperiencia en el nuevo Registro.

Resolví ir personalmente llevando copia del último oficio del que se esperaba respuesta; tuve que volver con el original y me prometieron que en 24 horas me darían una respuesta. Y ¡oh sorpresa! así fue. Me aseguraron que solo tenía que llevar el documento a una notaría donde me darían la escritura. Tome un taxi y fui a la notaría más cercana, pero me remitieron a un abogado. Mi abogado me demostró que me habían mal informado en el flamante Registro en manos municipales y reabrió el caso.

Al cabo de otros cuantos meses, ya en abril de 2012, el abogado me informó que todo estaba finalmente listo, pero que le habían exigido, por teléfono, un pago extraordinario de $ 3.500, para obviar nuevas observaciones que habían hecho en la revisión. Indignado, retiró el trámite, pidiendo que explicaran la razón para el exagerado cobro, habida cuenta de que ya se había pagado por los derechos registrales al Registro anterior.

Entre las nuevas observaciones que alegan esta vez es que el segundo apellido de mi esposa figura en la cédula con una solas, cuando en el testamento aparece con dos, lo que no ha sido óbice en otros casos legales. ¿Burocracia, ineficiencia, corrupción, todo a la vez?  ¿Si a una madre le exigen miles de dólares extra para transferir a su  hijo derechos y acciones de un pequeño departamento, cuánto será para las propiedades millonarias? 

Nuestro abogado nos informó a fines de mayo que el asunto demorará todavía un par de meses. ¡A paso de tortuga! Tarea para periodistas judiciales que investiguen por qué sucede.