Es importante en un proceso revolucionario que tiene como objetivo privilegiar el trabajo humano frente al capital y su voracidad, lograr que las relaciones laborales se den en un ambiente de equidad y  justicia; lo mismo en el ámbito público, donde no pueden haber abusos, ambiente hostil, miedo, inestabilidad e incertidumbre laboral.

Bien hizo Rafael Correa cuando se comprometió con el sindicalismo público de nuevo tipo a respetar y ampliar sus derechos, dentro del marco constitucional y legal, exigiendo nuevas conductas laborales para entregar mejores servicios a la ciudadanía, con calidad y calidez.

En los dos casos debe exigirse respeto pleno a los derechos de los trabajadores, en todo nivel, máxime si se trata de un proyecto político que está liquidando las prácticas y políticas neoliberales y apunta al socialismo, en el que primen los principios de solidaridad y justicia social, señalados en los programas del Gobierno.

Bien hizo el presidente Correa cuando en reciente enlace ciudadano, fustigó a funcionarios blandengues que agacharon su cerviz en favor de patronos ambiciosos que niegan derechos, como la afiliación  al IESS y la entrega de utilidades, como manda la ley. Afirmó, con justa indignación, que para aquellos “no hay cabida en el Gobierno”. Hay que ubicar a los verdaderos responsables que, en un conflicto laboral reciente, mintieron en beneficio de la patronal egoísta y sacrificaron a eficientes y honestos colaboradores para mantenerse en sus altos cargos. Deberá primar la justicia.

Igual ocurre cuando ciertos burócratas, al asumir sus funciones, convierten sus espacios de gestión en feudos, los alistan y realizan controles abusivos; asumen que todo debe ser “nuevo”, que con ellos recién se inicia el cambio; comienzan a liquidar trabajadores o a amenazarlos con el despido, a reubicarlos como castigo; en suma, crean un ambiente de terror laboral. Más grave la situación cuando, en menoscabo del proyecto político, afectando la imagen del Gobierno, incurren en una verdadera “cacería de brujas”, persiguiendo y despidiendo trabajadores leales, sin fórmula de juicio, a título de armar “su propio equipo”, sin que medien elementales evaluaciones.

Y no se trata de funcionarios de libre remoción, que aun en esos casos, cuando de removerlos se trata, deben considerar su perfil, si su gestión es eficiente y si políticamente son consecuentes con los propósitos del Gobierno. Claro, los burócratas que solo cumplen su rol “técnico” y son refractarios a lo “político”, miran mal y hasta prohíben conductas individuales y grupales consecuentes con acciones oficiales en beneficio de la nación y el pueblo; por supuesto que también protegen a funcionarios represivos, que difaman y afectan derechos laborales con cualquier pretexto.

Muchos perjudicados han denunciado esas repudiables formas a los niveles pertinentes, en espera de que se tomen las medidas necesarias, a tono con los principios de la Revolución Ciudadana, que obligan a “prácticas laborales humanas y éticas”.

Es imprescindible guardar coherencia entre “el pensar, decir y hacer”; observar que “la política democrática es, sobre todo, una escuela ética”, ajena -por tanto- a toda discriminación, medidas egoístas y restrictivas.  

Es indispensable corregir conductas, reorientar políticas, reconocer y respetar los derechos laborales adquiridos, sin menoscabo moral, de la eficiencia y solidaridad humana.