La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que la erradicación del coronavirus durará dos años, aproximadamente. En ese contexto, la sociedad mundial, los gobiernos y los Estados se preparan para actuar sobre las causas y efectos de esta pandemia. ¡Los sistemas educativos de todos los países están en alerta!

En el Ecuador, el COE Nacional ha aprobado el plan piloto de retorno progresivo a las aulas, de conformidad con ciertos parámetros y de manera diferenciada para los planteles urbanos y rurales, según el semáforo, en coordinación con los COE cantonales.

El tema plantea varios dilemas, en el ámbito mundial, regional y local. Por ser un problema polisémico, la salud y la prevención de este virus y otros que están en el ambiente, requieren estrategias respaldadas por informes científicos y no por pareceres políticos, que tienden a desenfocar los métodos y procedimientos frente a este enemigo invisible, que ha provocado millones de contagiados y muertes.

Estados Unidos y Europa han comenzado a debatir sobre la pertinencia o no del regreso a clases. Existen dos posiciones: cerrar las puertas de universidades, colegios y escuelas, para instalar sistemas de aprendizaje virtual; o abrirlas con modalidades semipresenciales. Los casos, en la práctica, son diferentes: algunas universidades reabiertas tuvieron que cerrarlas por los rebrotes del virus; otros centros educativos, en cambio, aplicaron sistemas semipresenciales, aunque con resistencia de los padres de familia, que vieron amenazados sus trabajos por los cambios de horarios. Y finalmente, hubo escuelas que optaron por la modalidad virtual, al ciento por ciento.

Un hecho evidente es que ante este problema no podemos equivocarnos. Primero está el interés superior –el derecho a la vida y a la salud de todos- sobre los intereses económicos, que podrían primar en ciertos planteles privados. Y también sobre las expectativas pedagógicas, incluso.

Los sacrificios son necesarios. El bien común y la solidaridad son categorías éticas que deben observarse con radicalidad, antes que imponerse con sanciones, ante a una realidad que exige una autoridad sanitaria competente, creíble y fundada en la ciencia. (O)