Es la participación y actuación del Estado en las actividades económicas, lo que resulta imprescindible, amén de inevitable, sobre todo si se enmarca en planes y programas. Tal participación, así como la falta de acción ante determinados problemas y circunstancias es siempre evaluada por la población, a causa de los efectos que provoca.

Las personas, en su condición de consumidores, asocian, por ejemplo, las alzas de precios o la falta de suministros a la actuación de las autoridades responsables de la estabilidad de los precios y la normalidad de los abastecimientos. Los que contratan la fuerza de trabajo vinculan sus oportunidades de empleo y el nivel de sus rentas, con el interés y las iniciativas que los gobiernos toman en relación al empleo y salarios.

Otro tanto ocurre con los empresarios, quienes además de sus preocupaciones por los precios, salarios y producción, relacionan la situación general de los negocios con la conducta económica oficial. Actúan directamente o presionándolo, aprovechan sus  vínculos y debilidades.

La Política Económica es un proceso,  genera decisiones y formula acciones, destinadas a influenciar y acondicionar el comportamiento de las personas, empresas y las propias agencias públicas; trata de inducirlas a efectuar actos económicos, que se abstengan de hacerlo o que los realicen de determinada forma. Cuando es sana busca el bien común.

El manejo económico es esencialmente social y político; se origina en la contraposición de intereses de las distintas agrupaciones sociales. Los instrumentos que utiliza son el  resultado del juego de posiciones, la lucha y poder de las agrupaciones sociales para acrecentar, mantener o defender los beneficios o ventajas de su participación en la economía.

Sintetiza un conjunto de motivaciones individuales y de grupos, de posiciones ideológicas, políticas y sociales de quienes participan; de procedimientos de negociación, de cuestiones técnicas y de criterios económicos. Por tanto, para ejecutarla hay que asumir posiciones ideológicas; negociar con individuos y grupos de poder y apoyarse en teorías, técnicas y datos económicos, así como en un amplio y profundo conocimiento del pasado y del presente del país.

En ese marco se debe entender el debate por las últimas medidas, las posiciones populares, en función de los intereses de las mayorías y los “reclamos” de los sectores empresariales que buscan más y más para su beneficio, circunscritos a lo tributario, laboral y a reducir el “tamaño” del Estado, sin importarles las consecuencias. (O)