El Art. 27 de la Constitución vigente (2008) expresa: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”.

El Art. 6. de la Ley Orgánica de Educación actual, dice: “La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. Literal x/: Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo”.

Del texto de estas disposiciones constitucionales y legales se infiere que la educación ecuatoriana y su currículo son por competencias, sistema generalizado en el mundo, que desarrolla capacidades de formación autónoma vinculadas al mundo laboral y a cuatro estándares básicos: aprender a saber, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, según las directivas de Jacques Delors, asumidas por las Naciones Unidas. Estas competencias pedagógicas –pese a estar literalmente establecidas en la LOEIB- no han sido aplicadas en los documentos oficiales del MinEdu, sino la modalidad por destrezas.

Frente a estos avances y carencias es urgente partir de una línea base. Y articular una propuesta pedagógica por competencias, que sea consistente, rigurosa en lo académico y participativa, que de luz a la comunidad educativa para orientar no solo el currículo, sino otras instancias del proceso educativo, como son la metodología y la evaluación de los aprendizajes.

Junto a lo anterior planteo la necesidad de diseñar conjuntamente con el Consejo Nacional de Educación –que debe ser convocado y conformado- una matriz educativa nacional, que permita articular políticas públicas sociales y económicas de mediano y largo plazo, sostenibles y sustentables, con la participación de la ciudadanía y el sector privado, que tengan como ejes los índices de desarrollo humano: salud/nutrición, educación/escolaridad/alfabetización y empleo seguro. Y la necesaria vinculación de la educación inicial, básica, bachillerato y superior con estándares de calidad.

¡Esa será la verdadera transformación del país!