Los impulsores de las protestas estudiantiles realizadas en Quito por la unificación del bachillerato no están enterados de lo que ocurre en Chile y en Europa, por la desprotección de los gobiernos a la educación pública y el exceso de liberalidad concedida a la inversión privada para constituir auténticos supermercados de profesiones, en los que la posición de la marca es lo único que les interesa, además de cobrar hasta por el aire que no es de su patrimonio.

Es  como para no creerlo: mientras Ecuador trata de revolucionar el aparato educativo del Estado, los partidos políticos de extrema izquierda quieren desestabilizar al Gobierno, movilizando grupos de estudiantes para rechazar el bachillerato unificado y respaldar a los maestros de su tienda que reclaman compensación porque ahora deben trabajar ocho horas diarias, como cualquier servidor público. Estos sofistas,  hábiles como los encantadores de serpientes en el engaño,  que deberían dedicarse a revelar las bases del conocimiento científico, dan la impresión de haber retornado a los años sesenta para desempolvar  las tesis de Iván Illich sobre la antiescuela. Este discurso, maleable por conveniencia, trata de poner en duda el principio socialista de “a cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad”, cuando es el punto de equilibrio en un régimen dispuesto a  impulsar cambios estructurales definitivos. Y lo que se percibe es  una lucha contra  la autoridad que busca insertar a Ecuador en el siglo XXI.

Ellos deben rendir cuentas sobre lo que llaman   opresión y la arquitectura de poder que están construyendo,  para potenciar el activismo político que les permitirá seguir  trabajando a medio tiempo y cobrar a tiempo completo, con dos meses anuales de vacaciones, que a veces son tres.

No se han dado cuenta de que los escenarios de la educación son diversos y los paradigmas tratan de formar a un ser humano independiente, alejado de las supuestas figuras venerables que se miran el ombligo y escriben discursos que no tienen eco.