La ley de regulación y control del poder del mercado tiene un problema de “tono”, la redacción tiene un “tufillo punitivo” que lo aleja de su objetivo. El léxico importa especialmente cuando otorga innecesariamente un tinte agresivo, que solo logra mostrar, valga la analogía, la “posición dominante” de la Senplades.

Aunque su subsecretario insistió, en un programa de Pulso Político, que antes del envío a la Asamblea el tema sí se socializó, nos quedó claro que un par de reuniones con unos empresarios hace casi un año no constituyen socialización, que los ciudadanos nos estamos enterando demasiado tarde para opinar e incluso aportar, que no hubo un trabajo de análisis conjunto con el sector empresarial y que esto quedó demostrado con que el borrador del proyecto solo les fue entregado poco antes de su radicación en la Asamblea. Habría que preguntarse por qué la Senplades evitó este debate y lo impuso al braveo.

El tratadista Luis Fernando Álvarez S.J. dice que nuestras economías poseen una importante concentración del poder económico y político en pocas manos, lo que permite a las organizaciones capturar las instituciones y de otro lado dificulta la independencia de las autoridades, por lo que el ejercicio de la política de competencia debe pensarse en función de nuestras propias necesidades y no desde la aplicación de estándares de las potencias comerciales.

La Senplades ha dicho que las normas ya existen en América Latina, falta ver si se adecúan a la realidad ecuatoriana.
No es una mala ley así haya críticas justas que habrían podido analizarse con los empresarios a la luz de nuestras necesidades y del derecho comparado.

Pero hay otras críticas que adquieren otro matiz cuando se ven a través de la experiencia latinoamericana, como las críticas a las facultades jurisdiccionales de un superintendente con riesgos de autonomía.

Quisiéramos tener una jurisdicción especial, como en Chile, que nació con su propio sistema económico, pero exige tan altas competencias académicas e inversión, que con nuestro sistema judicial en crisis no sería factible, por el momento.

También las críticas a las multas tropiezan con experiencias que mostraron que si estas no eran altas no disuadían, porque era más rentable violar la ley y pagar la multa que cumplirla. Ello explica por qué  Colombia las aumentó hasta 24 millones de dólares y el proyecto ecuatoriano  habla de 10 millones de dólares.

Los miedos que acosan a los empresarios tienen más que ver con la izquierda que con la ley misma, y la actitud excluyente de la Senplades
se los confirma.