En 1896, Eloy Alfaro convocó a un Congreso Americano que se reunió en México el 10 de agosto. Tenía el propósito de estrechar relaciones, afirmar la paz, enrumbar progreso y bienestar, apoyar la independencia de Cuba y la reivindicación venezolana sobre la Guayana inglesa; pero, sobre todo, formar un Derecho Público Americano que sujetara la “Doctrina Monroe” (“América para los Americanos”) a claras normas jurídicas continentales.

La convocatoria interesó a los países latinoamericanos, pero actuó la diplomacia norteamericana para boicotearla. El ministro del Ecuador en Washington, Luis Felipe Carbo, informó que Mr. Olney, secretario de Estado de los EE.UU., exigía que el Congreso se realizara en Washington.

Miguel Covarruvias, ministro de México, informaba la “ninguna disposición” de Washington y que Olney sostenía que Ecuador “no tenía el prestigio bastante para llevar a cabo una empresa de la importancia que debía tener un Congreso americano” y, además, “que no sería prudente entrar en una discusión sobre la Doctrina  Monroe, ahora que los EE.UU. están negociando con Gran Bretaña un tratado general de arbitraje y de gran trascendencia…”.

El boicot funcionó, porque a México solo llegaron los representantes de ocho países latinoamericanos. Ellos acordaron una durísima declaración contra la manipulación de la “Doctrina Monroe”, que se había demostrado como “una simple regla de conducta internacional aplicada según la voluntad de los EE.UU.”.

Ciento dieciséis años más tarde, Ecuador convoca a Unasur, ALBA y OEA. Su propósito ha sido reaccionar ante la amenaza británica contra la embajada en Londres.

En todas estas reuniones, a diferencia de lo que ocurrió en la época alfarista, América Latina respaldó la posición ecuatoriana. Internacionalmente quedó demostrado que Ecuador obró en forma soberana y con apego al Derecho; y que en el mundo actual resulta intolerable e ilegal la amenaza a una sede diplomática. La propia Gran Bretaña ha debido retractarse en una nueva carta.

Así, el “caso Assange” ha servido para cuestionar las caducas diplomacias imperialistas, clarificar la geopolítica contemporánea, consolidar principios latinoamericanistas; y, sobre todo, para dar una bofetada ética a todos aquellos políticos, opinadores, seudopolitólogos y “comunicadores” ecuatorianos, que por simple oposición al Gobierno ni siquiera han dimensionado lo que son los intereses del país, su soberanía, su dignidad y su correcta posición mundial.