Reforma o revolución agraria, hay que hacerla y urgente. El proceso de Revolución Ciudadana está en mora. Hay que actuar con celeridad.

El subdesarrollo económico, social y político y muchos aspectos de la subordinación y dependencia han estado vinculados con la arcaica estructura agraria que se mantiene y su modelo primario exportador.

La dualidad económica que de ella deriva, plantaciones en la Costa, vinculadas a la demanda externa y capital extranjero, enclave capitalista “moderno”, coexistió con la agricultura de consumo interno, atrasada, dominada por los terratenientes feudales, protegidos por las cúpulas clericales.

El alto grado de concentración de la propiedad de la tierra, las relaciones de producción serviles e inhumanas, las formas atrasadas de producción, interferían las escasas posibilidades de desarrollo del país; los efectos inevitables de esta estructura fueron grandes extensiones territoriales sin cultivar, baja productividad, tendencias al monocultivo, explotación social, deprimentes condiciones de vida rurales, emigraciones masivas y desarrollo urbano hipertrofiado, escasa demanda interna y atraso industrial, marginalidad indígena y campesina,  manipulación política de la derecha, regionalismo; en suma, atraso y miseria.

En medio de esto, la mayor parte de la producción de alimentos proviene de los predios de menos de 5 hectáreas.
Esta estructura  hay que cambiar.  En su última cadena, Rafael Correa reiteró esta necesidad y compromiso,  y señaló algunas bases claras del proceso. Cambios radicales en las formas altamente concentradoras de la propiedad y el objetivo de altos niveles de productividad.

Esta revolución  pasa por la Ley de Tierras y la de Aguas, para garantizar formas de producción de justicia y eficiencia, organización empresarial y cooperativa que liquide el latifundio improductivo, que no debe implicar retaceo de la tierra y apoyos estatales en todo sentido: infraestructura, leyes, créditos, facilidades de comercialización, asistencia técnica y proyectos y programas sociales de carácter redistributivo, para el buen vivir rural. Esto es, una política de desarrollo integral, asociada a la producción  de alimentos para el pueblo y el incremento y diversificación de la producción exportable.

Todo esto implica acuerdos políticos con los sectores sociales, cooperativas, comunas, organizaciones indígenas, campesinas, medianos y pequeños productores, movimientos diversos. La revolución demanda organización y apoyos políticos, decisiones firmes y acción estatal consecuente y fecunda.

¡Manos a la obra, ya!