Si algo le ha faltado a la política nacional durante los últimos años es un debate responsable sobre la actividad financiera del Estado, prioritaria para cubrir las necesidades básicas individuales y colectivas de los ciudadanos.

Esta actividad del gobierno central y los gobiernos locales, consiste en establecer normas y políticas que procuren los medios necesarios para el cumplimiento del fin social, así como los fines económicos y extraeconómicos del Estado.

La recaudación, el gasto, la inversión son fundamentales en las finanzas públicas, tanto como la obtención de recursos, imposición de tributos, contratación de deuda, emisión de bonos y una serie de operaciones financieras que contribuyan a dinamizar la economía y ordenar el gasto, así como el diseño e implementación de políticas hacia la estabilidad fiscal.

Estos elementos han sido considerados en el Consenso de Cusín, un espacio plural dedicado al diálogo sobre fiscalidad, macroeconomía y políticas de protección social; que nos permite a quienes  participamos de él repensar la actividad financiera del Estado bajo interrogantes como el crecimiento económico, la redistribución y la calidad del gasto público.

Hegel plantea al Estado como productor de servicios públicos y redistribuidor de riquezas; la doctrina keynesiana y poskeynesiana enfatizan en el rol regulador; pero es necesario ampliar el espectro y entender su naturaleza desde una cuestión política de largo plazo, para adoptar decisiones trascendentales como la pertinencia y utilidad de los subsidios y evitar que las dádivas del populismo se impongan en el presupuesto público.

Así en el Ecuador post pandemia, con más pobreza, más empleo inadecuado, con el 65% de su población económicamente activa en la informalidad y una compleja crisis política, los ciudadanos, la sociedad civil requiere propiciar más diálogo y más acuerdos entre los políticos con un solo objetivo: reducir la pobreza.