La Administración de Justicia es un pilar de la democracia republicana, a través de su funcionamiento coadyuva al equilibrio que ha de existir entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al mismo tiempo, el poder Judicial independiente está para brindar seguridad a los ciudadanos y empresas ante eventuales conflictos que deban afrontar entre privados o frente al Estado.

La justicia en un país se erige en instituciones, pero, sobre todo, en personas dedicadas a prestar ese servicio, aquellas deben poseer estricta moral, cumplir un perfil exigente de aptitud y actitud, desempeñarse dignamente en la delicada labor de aplicadores del Derecho.

El Consejo de la Judicatura impulsa ahora mismo la evaluación a jueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que acaba de cerrar la primera fase. Se debe partir del principio según el cual todo funcionario público, como lo es el juez, debe ser evaluado; en sus manos tiene la responsabilidad de impartir justicia, valor supremo de la persona y bien común de la sociedad, lo que no es tarea menor. Amén del conocimiento y alta formación jurídica, el juez debe cumplir un perfil psicológico específico y actuar imparcialmente.

Su trabajo debe valorarse a través de exámenes minuciosos a las sentencias de sus casos, con las cuales puede decidir el destino de las personas, el pago de capitales, la entrega de cosas, en suma, hacer efectivos los derechos.

La decisión del juez debe contar con suficiente argumentación sustentada en motivos idóneos y precisos, apreciación de principios y ponderación de derechos adecuados, en el marco del ordenamiento jurídico del país.

La justicia es un servicio público muy delicado, se financia con nuestros impuestos, por lo que debe ser de la más alta calidad. Los jueces que necesitamos deben ser evaluados objetivamente y según altos estándares, para fortalecer así el Estado de Derecho y la democracia, también para terminar con la corrupción e impunidad. (O)