El 1 de julio pasado Associated Press informó que durante el primer trimestre de 2011 Chevron (antes Texaco) gastó  $ 2,8 millones en un lobby para influir en la decisión del Gobierno norteamericano sobre las preferencias arancelarias para Ecuador. Esos gastos también habrían sido destinados a influir en las políticas de extracción de petróleo en zonas protegidas en EE.UU., y otros asuntos menores.

Los pobladores de la Amazonía, agrupados en el Frente de Defensa de la Amazonía, sostienen que Texaco, adquirida por Chevron en 2001, es responsable de daños sociales y ambientales, por lo que la demandaron. De acuerdo a la demanda -y a varias investigaciones, entre las cuales se puede mencionar Crudo amazónico, de Judith Kimmerling, o mi propio libro Economía y desarrollo sostenible: ¿Matrimonio feliz o divorcio anunciado?- entre 1964 y 1990 la Texaco provocó esos daños.

Chevron, de manera permanente, trata de deslegitimar al Ecuador y a su Gobierno, y ha solicitado al Congreso y al Senado estadounidenses excluirlo del sistema de preferencias arancelarias. La  Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (Atpdea), antes Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA), era una concesión norteamericana que favorecía el ingreso de casi seis mil productos ecuatorianos al mercado estadounidense. No era, sin embargo, una dádiva, sino el reconocimiento al esfuerzo ecuatoriano en el combate al narcotráfico, era una compensación mínima por la inversión requerida y por los problemas ligados a la lucha contra el narcotráfico.

El fallo del 14 de enero de 2011, del juez Nicolás Zambrano, de Sucumbíos, impone a Chevron la obligación de pagar unos $ 18.000 millones  al Frente de Defensa de la Amazonía. Esta sentencia ha sido apelada y ahora le corresponde decidir a una instancia superior de la justicia ecuatoriana. Como este proceso sigue en estado sub judice, sería mejor que quienes tienen responsabilidades de gobierno sean prudentes. Recomiendo la lectura de la sentencia del juez Nicolás Zambrano, disponible en la web.

Lo que sí merece comentario es la desvergüenza de Chevron al tratar de influir sobre la decisión del Gobierno norteamericano en las preferencias arancelarias para Ecuador. Chevron trató hace años, en relación al mismo juicio, de influir en el Senado de Estados Unidos.

Dos senadores respondieron al lobby con una carta pública, pidiendo a Chevron que no intervenga y argumentando que los damnificados de Ecuador merecían tener one day in court, es decir un juicio tranquilo, en su momento. Uno de ellos era el senador Barack Obama, del Estado de Illinois.