El progreso de una sociedad depende de su educación y del respeto a la autoridad.  El ser humano establece su conducta en base de los valores que se inculcan y practican en el hogar; de los valores que se enseñan en la escuela, en el colegio y en la universidad y, por supuesto, en base del respeto y temor a la autoridad. 

El Estado establece los límites de lo que está permitido y, taxativamente, lo que está prohibido.  El Estado, así mismo, establece las sanciones para quienes afectan al bienestar de otros individuos o de la sociedad. 

Por lo dicho, el comportamiento humano adecuado, respetuoso, ordenado puede lograrse por medio de la convicción que genera la educación o por la coerción que genera el Estado a través de sanciones establecidas en la ley. 

La fuerza pública es el instrumento de la sociedad para coartar el comportamiento desordenado, agresivo o delincuencial y evitar que impere la ley de la selva.

En el Ecuador nos hemos quedado cortos en educación y autoridad. Muchos hogares han perdido la rigurosa enseñanza de los valores; la autoridad de los padres se ve minada por nuevas generaciones exigentes e irrespetuosas;  la enseñanza de valores en las escuelas y colegios se pierde progresivamente y, lo que es peor, la autoridad de la fuerza pública se ve ostensiblemente menoscabada como hemos visto en este 2019. Policías y militares desafiados, agredidos, secuestrados, humillados. 

La autoridad presidencial mancillada con denuestos grotescos por parte de un alevoso dirigente indígena. Agentes de tránsito arrollados intencionalmente y en un caso agredido con un gato hidráulico que le cercenó la oreja y a punto estuvo de matarlo. El principio de autoridad es prácticamente inexistente.

Así como el gobierno de la Revolución Ciudadana, en las sabatinas, utilizó 2 mil horas de televisión y radio para dividir al país, así mismo, el actual y todos los futuros gobiernos deberían invertir ese tiempo para devolverle al país el sentido de buena ciudadanía y de respeto a la autoridad. (O)