Cada ser humano es dueño de sus actos y administra su libre albedrío: es decir, hace lo que quiere y piensa como le da su gana, regido por su propia ética, si la tiene.

Eso de que se actúa presionado por las circunstancias es un cuento que se lo inventa cada uno porque la dosis del amor o de odio, de veracidad o de calumnia, que les asigna a sus acciones o reacciones es producto de sus propias decisiones, con independencia  de los demás ciudadanos.

Hay dos personajes que han aparecido a la faz pública porque decidieron hacer todo lo que se les antoja, aun cometiendo delitos, y graves delitos, para atacar, para infligirle el mayor daño posible al Presidente, que sabe defenderse solo y así siempre lo hace.

Pero llama la atención el afán provocador que le imprimen a sus actos estos personajes, como si fuera mérito el utilizar procedimientos delictivos para respaldar el supuesto de sus batallas.

Y, claro, en ausencia de argumentos válidos o con algún grado de legitimidad para ejercer el derecho a la oposición, reconocido desde hace años por las últimas Constituciones, apelan a la utilización delictuosa de mecanismos que deben ser denunciados, perseguidos y castigados, sean o no pretextados como acción opositora.

Lo grave es que, en ausencia de la vida partidista, reducida solo al interés electoral, asumen el rol de actores políticos algunos medios de comunicación que ya ni siquiera intentan ocultar su descarada identificación como órganos políticos de encarnizada y frontal oposición, que son los que mayormente auspician y aplauden el uso de procedimientos delictuosos para ejercerla.

Los autores del delito de hackear para espiar y utilizar como arma de oposición contra un régimen información privada, utilizada para hacer daño a su propio país, pretenden mañosamente cobijarse en la inmunidad parlamentaria de uno de ellos, sin que ello tenga algún respaldo legal, ético o moral.

Desde luego que los medios que los patrocinan pretenden ocultar el carácter de complicidad en esa conducta, lo que termina siendo también  atentatorio contra la institucionalidad para un país como el nuestro, que trata de salir de una década perdida por el caos, precisamente de las instituciones democráticas.

Estos personajes, Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, ya tienen una sentencia (no ejecutoriada) por calumnia y se proclaman perseguidos políticos porque les aplican la ley. Ahora ellos pretenden ignorar que quien comete un delito y es sentenciado automáticamente se convierte en delincuente.