Con “Primicias de la Cultura de Quito” (1792), fundado por Eugenio Espejo (1747-1795), se inició el periodismo en Ecuador. Le seguirían centenares de periódicos (muchos efímeros o solo regionales), que acompañaron la vida del país, y en los cuales se expresaron intelectuales, artistas y, desde luego, periodistas.

En el siglo XIX podía diferenciarse bien la prensa conservadora de la liberal; aunque solo la Revolución Liberal (1895) consagró la más amplia libertad de expresión, primero en la Constitución de 1897: “Todos pueden expresar libremente su pensamiento, de palabra o por la prensa, sujetándose a la responsabilidad establecida por las leyes. Un Jurado especial conocerá las causas por infracciones cometidas por medio de la imprenta”; y luego, en la Constitución de 1906: “El Estado garantiza a los ecuatorianos: la libertad de pensamiento, expresada de palabra o por la prensa. La injuria y la calumnia, lo mismo que el insulto personal en su caso, de palabra, por escrito o por la prensa, podrán ser acusados en la forma y modo prescritos por las leyes”.
Por entonces, también despegó la prensa empresarial, que pasó a contratar periodistas y a manipular, como si fuera suya, la “libertad de expresión”. La radio surgió en los años 20, la televisión en los 60, Internet en los 90. Progresivamente el periodismo era una profesión.

Durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), la decidida acción de los periodistas, logró un escrupuloso proceso de calificación en manos de la Comisión Organizadora de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), que otorgó, con absoluta justicia, “certificados de profesionalización” (no “títulos”) a centenares de antiguos periodistas, algo que no ha sido bien entendido en ciertas esferas gubernamentales.
Los periodistas lograron, además, la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista (1975), que los empresarios recibieron como declaratoria de guerra, y que pasó a ser la bandera gremial de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y, sobre todo, de los Colegios de Periodistas creados en virtud de aquella. ¡Sin duda, eran otros tiempos!

La Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional, al establecer la responsabilidad ulterior y exigir que la prensa empresarial cuente con periodistas profesionales, no solo ha recogido “viejos” principios liberales, sino, sobre todo, décadas de luchas de los periodistas, por sus derechos, su profesión y su auténtica libertad de expresión.