La alcaldesa de Guayaquil realizó un acto bochornoso y tercermundista: ordenar que varias camionetas ingresen a la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo para impedir que dos aviones que venían sin pasajeros desde Ámsterdam y Madrid puedan aterrizar para luego llevar de regreso a algunos de sus ciudadanos aquí varados. Como es obvio, su conducta bien podría acarrear responsabilidades a varios niveles.

Lo digo a regañadientes, pero es probable que nada pase, porque ese es nuestro país: la igualdad solemnemente proclamada por la Constitución parece ser, en ciertas circunstancias, una declaración de piadosos deseos, o bien una máscara detrás de la consagración práctica de los privilegios. La igualdad, digamos, de “Animal Farm” (G. Orwell, 1945): “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”.

La Unión Europea ya ha puesto las alarmas sobre el caso. El gobierno nacional, en cambio, ha tratado de bajarle el tono a las circunstancias. Demasiado conveniente para la alcaldesa si no fuese porque ella ha insistido con fuerza en sus declaraciones, sumando otras estrafalarias, en un comunicado que incluye una firma que atiborra media hoja con trazos toscos.

Es muy flaco el favor que le hace la alcaldesa a su ciudad. La decisión que tomó, la forma en que la puso en práctica y el modo en que ha defendido tal proceder hacen pensar que el socialcristianismo –más allá del bien que le haya podido hacer a la regeneración de Guayaquil– ve a la ciudad como una especie de gran hacienda. Pero Guayaquil, hoy más que nunca, necesita ser conducida con madurez y tino. Se trata de una ciudad importantísima de nuestro país, un Estado unitario que hoy requiere aún mayor unión.

Por supuesto, muchos han defendido la decisión de la alcaldesa a capa y espada. No se podía esperar menos. Hay quienes serían capaces de justificar cualquier decisión, por absurda que sea, a condición de que sea realizada por su líder político de preferencia. (O)