Una consulta popular es un mecanismo que garantiza la participación ciudadana, a través de un proceso de democracia directa. Es decir, un proceso que permite consultar a la ciudadanía, mediante una votación, sobre distintos temas de interés político, económico o social que afectan a un país.

El sentido de oportunidad cuenta mucho en ante el planteamiento de una consulta popular, sobre todo cuando hay un escenario político polarizado. En el Ecuador, el Gobierno ha planteado una nueva consulta al país y no parece ser el mejor momento para hacerlo, luego del desgastaste generado durante su primer año de gestión.

La forma en la que el Gobierno ha anunciado la consulta, no ha sido la más adecuada si se toma en cuenta los tiempos y la celeridad que exigen las sociedades actuales, ante decisiones trascendentales. A ello se suman las voces en el propio Gobierno, que han señalando la necesidad de adjuntar nuevas preguntas a las ya anunciadas.  

Socializar adcuademente las preguntas, permitirá ciudadanizar las consulta planteada por el Gobierno, en la cual existen temas fundamentales para el país.

Luego del anuncio realizado, nuevamente se pone a prueba la capacidad comunicacional del régimen.

La posición radical de pesonajes como Leonidas Iza, Andrés Arauz y el propio Rafael Correa, podría ser capitalizado por el Gobierno, si se explican los contenidos de la consulta de manera adecuada. Para ello, el Gobierno deberá estar claro que las decisiones tomadas en torno a la consulta, serán decisiones que trascenderán la administración actual.

En ese sentido, la consulta anunciada, no debe ser pensada como una consulta de gobierno, sino como una consulta de y para la ciudadanía.

Por otro lado, el sentido de pertenencia e involucramiento que se genere desde la ciudadanía, será determinante para el éxito o fracaso de la consulta. Por tal razón, la ciudadanía deberá convertirse en un actor clave del proceso y no debe permitir que le arranchen la consulta planteada.

La necesidad de introducir cambios profundos en el Ecuador requiere la apropiación por parte de la ciudadanía. De producirse lo contrario, en poco tiempo volveremos nuevamente a debatir sobre la necesidad de implementar el mecanismo que hoy se le propone al Ecuador.