La corrupción, pero también las acciones u omisiones de los funcionarios públicos, dejan secuelas tremendamente perjudiciales para el Ecuador, tanto en el ánimo de la población como en su economía. Por ello nos parece pertinente que una moderna ley que regule la “repetición”, rija en el país, tal como lo ha propuesto el Procurador General del Estado.

Esa ley de repetición precautela los recursos del país frente a acciones dolosas o culposas por parte de funcionarios públicos, obligando a que los funcionarios o exfuncionarios responsables repongan los dineros que el país se vio obligado a pagar, como por ejemplo cuando se realiza una acción que genera una demanda internacional con resultados desfavorables al Estado, lo que causa pérdida de ingentes recursos que perjudican al erario.

Esa responsabilidad perdura inclusive cuando el funcionario ha dejado de serlo, lo que sin lugar a duda redundaría en un mejor ejercicio administrativo y un más cuidadoso análisis a la hora de tomar decisiones que, muchas veces, son parte del espectáculo mediático de los populistas de turno. Como, por ejemplo, cuando se incautan los bienes de una empresa o se impide su accionar de manera ilegal e inconsulta.

Sin embargo de lo acertado de la propuesta, esta ha sido denegada por la Asamblea Legislativa, demostrando una vez más que los intereses particulares priman por sobre los nacionales y que, al interior de la misma, se privilegian acciones realizadas por personajes que han causado enormes pérdidas al país, sin que medie ninguna acción de reparación y otra vez se piense que los fondos públicos son de nadie, por lo que cuando se dispone de ellos, se lo puede hacer con una irresponsabilidad absoluta.

Cada vez más la Asamblea Nacional y sus integrantes pierden credibilidad frente al pueblo. Sin embargo de ello, cuando llegan los procesos electorales y son candidatizados los mismos que tienen actuaciones cuestionables, se actúa con la práctica del “borrón y cuenta nueva”. Y en medio de la algarabía de los procesos electorales, se vuelve a elegir a quienes han demostrado incapacidad total para ejercer un cargo público.

Cuando los asambleístas tienen la oportunidad de demostrar que han sido elegidos para legislar en bien del país, la mayoría de ellos evidencian que no están a la altura de sus responsabilidades lo que irroga un daño irreparable a la fe pública y también, como en este caso, al erario nacional.