En 1948 gana las elecciones Galo Plaza Lasso, apoyado por el Movimiento Cívico Democrático Nacional (MCDN). Su gobierno constituye el punto de arranque de otra modernidad de la administración estatal; esto es, se crea un conjunto de regulaciones jurídicas, técnicas y organizacionales de las actividades ligadas a la exportación de bienes primarios y colateralmente al desarrollo industrial.

Plaza trata de racionalizar el proceso de acumulación de la burguesía, sentando las bases de un modelo desarrollista-tecnocrático que será la directriz de la evolución de las estipulaciones que impone la política exterior de EE.UU. para precautelar la inversión de sus intereses de las élites locales y que puedan comunicarse en al ámbito institucional con los mercados importantes de ese tiempo.

Contrata a varias misiones extranjeras para inventariar la realidad económica del país. Con esto, es el primero en enfocar una modernización del aparato estatal direccionado al cumplimiento de las necesidades burguesas comerciales locales. Hasta 1950 se resumen en las memorias del MCDM las siguientes realizaciones del gobierno de Plaza: restauración del prestigio internacional y del crédito financiero exterior; construcción de las carreteras Quevedo-Manta, Quinindé-Esmeraldas, Durán-Tambo, Panamericana; servicios de mantenimiento de carreteras; mecanización del cultivo del arroz; servicio de lanchones para vagones Durán-Guayaquil; reforma y modernización del sistema hacendario; tecnificación de la política rural; y creación de los institutos del cacao, del café y de fomento bananero. También se avanzó en el terreno sindical.

A esto deben agregarse las actividades relativas al mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo y las pretensiones de racionalizar la burocracia. En cuanto a lo primero, se destacan las campañas antimalárica y antituberculosa; y en lo segundo, la expedición de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, inmediatamente impugnada por Velasco Ibarra en su tercer gobierno.

Con la ley se sientan las bases para regular las relaciones entre el trabajo estatal y la burocracia moderna. Esta burocracia en constante crisis de renovación y que hoy enfrenta desafíos disruptivos, por la inclusión de nuevas tecnologías y de nuevas expectativas de la sociedad. (O)