El incremento de la inseguridad ciudadana provoca impactos negativos en el desarrollo económico y aumenta los gastos estatales en lo relativo a los ámbitos policial, judicial, salud y rehabilitación social, entre otros.

Un estudio realizado durante el año 2009, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, determinó que los costos de la violencia en dicho país alcanzaron el 10,9% de su producto interno bruto; mientras que la misma investigación, realizada en el año 2006 en Guatemala, estableció que su gobierno empleaba un porcentaje equivalente al 7,7% de su PIB, para combatir la violencia social.

En Ecuador, aunque algunos medios de comunicación privados sobredimensionan los hechos violentos, intentando alarmar a la opinión pública. No hay estadísticas preocupantes en relación a un incremento de los índices de criminalidad.

Hay que reconocer que el actual régimen ha realizado notables avances en el combate a la delincuencia, dotando a la Policía Nacional de vehículos, equipos, armas y municiones para que puedan desplegar su labor de dar protección a la ciudadanía. Cabe destacar, entre otras obras, la construcción de viviendas fiscales para que los policías vivan dignamente acorde con su rol social de garantizar la seguridad ciudadana.

Además, debo mencionar la distritalización de las grandes ciudades, dotando a cada distrito de dos o más Unidades de Policía Comunitaria, en edificios muy cómodos y funcionales, con la finalidad de acercar a la fuerza pública con la comunidad.

También es bueno resaltar la creación del sistema ECU-911, como apoyo al trabajo de los elementos del orden.

En paralelo, pienso que el Estado debe cultivar una cultura de paz, mejorando la calidad de la educación y restaurando en el pénsum de las escuelas y colegios, cátedras como Cívica, Ética, Moral y Urbanidad.

La educación forma ciudadanos, promueve la paz y nos permite entender que el desarrollo solo se alcanza transformando las mentes de la gente en imperios de conocimientos.

Para conseguir un clima de convivencia pacífica, las acciones del Estado deben combinar políticas públicas que fomenten la prevención y fortalezcan la parte sancionadora; no obstante, la tendencia globalizada debe ser la de crear un sistema que mezcle los elementos esenciales que permitan la convivencia armónica en una sociedad, mediante el diseño y ejecución de políticas públicas, en las que interactúen los modelos formativos, preventivos y represivos.

En definitiva, la seguridad ciudadana es un asunto de principios, valores, derechos y deberes individuales y colectivos; es una decisión de programas, ejecución de políticas públicas y de asignación de recursos; es educar en valores; es represión, pero también prevención y promoción de civilidad. En fin, es una responsabilidad de los Estados y de toda la sociedad para que, en una combinación de esfuerzos, se llegue al progreso económico y social, en un ambiente de paz.