Hace un año el presidente Lenin Moreno, promulgó el Decreto 883 que liberaba el precio de los combustible, es decir el Estado dejaba de subsidiar los precios de las gasolinas y el diésel.

El 3 de octubre de 2019, los transportistas inician un paro gremial en rechazo a las medidas tomadas por el gobierno de Alianza Pais, bloquearon calles y carreteras en algunas zonas del Ecuador. Luego entró en el escenario la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.

Bajo el liderazgo de la CONAIE, las protestas callejeras se convirtieron en un levantamiento popular de gran proporción al punto que obliga al Gobierno a trasladar su sede a Guayaquil.

En el país, pero en Quito principalmente, las protestas sociales, tuvieron momentos que rayaron en la delincuencia. Hubo secuestros y violencia en contra de periodistas y miembros de la Policía Nacional; destrucción de la propiedad pública y privada; se provocó el incendio y destrucción del edificio en donde funcionaba la Contraloría General del Estado; decenas de negocios cerraron porque delincuentes saqueaban los locales comerciales; invadieron plantaciones en la ruralidad ecuatoriana; cerraron pozos petroleros; bloquearon el acceso al agua potable; y otros actos bárbaros sucedieron en octubre de 2019, grupos no identificados, sembraron el terror y el caos, sobre todo, en la capital de los ecuatorianos. Estos hechos causaron la pérdida de cientos de millones de dólares a la débil economía nacional.

Un año después, los actos criminales siguen en la impunidad, al punto que la “Comisión Ocasional Multipartidista Para Investigar los Hechos Relacionados con el Paro Nacional Ocurrido entre el 2 y 13 de Octubre de 2019”, de la Asamblea Nacional, puso en duda que el edificio de la Contraloría, no fue destruido durante el levantamiento popular.

Cualquier grupo social puede llegar a Quito, destruir la propiedad e irse campante sin que opere la justicia. En el Ecuador no existe seguridad jurídica. (O)