La crisis del IESS está dada por diversas situaciones, entre las que ocupa un lugar protagónico la deuda que tiene el Estado con esta Institución, agravada durante el gobierno anterior, pero que se ha mantenido, sobre todo a lo largo de los últimos meses, cuando más se necesitaría robustecer la efectividad de la asistencia de salud.

Sin embargo, no es a este tema crucial al que quiero referirme, sino a otro escándalo, el que tiene que ver con la fraudulenta manipulación de los carnés de discapacitados, que se puso de relieve, precisamente a raíz de la investigación en relación a las compras con sobreprecio tanto de medicinas como de mascarillas y equipos para las casas de salud, que, parece ser, son parte de un botín político, del que todavía no se conocen todos los entretelones.

Estos hospitales, entregados como parte de una cuota política, fueron el escenario de truculentas negociaciones en las que los únicos perjudicados son los pacientes que deben recurrir a estos hospitales en busca de atención médica y, claro, el pueblo ecuatoriano que paga los impuestos o que paga los porcentajes de descuento de sus salarios que exige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Las mafias enquistadas en buena parte de la burocracia nacional aprovechan cualquier resquicio para aprovecharse de los bienes del Estado o también para encontrar la forma en la que burlar la ley o aprovecharse de ella. Así, se acaba de descubrir que muchos “aparentes discapacitados”, asambleístas, jueces, funcionarios, se valieron de la argucia para estafar al erario nacional, importando vehículos de alta gama, con exoneración de impuestos, gracias al mal uso de los mencionados carnés.

Aquí deben buscarse las responsabilidades, evidentes en el caso de los usuarios abusadores, pero también de los médicos que les dieron el informe de la discapacidad, así como de los tramitadores y las autoridades que se prestaron a un juego macabro.

Seguramente muchos, prevalidos de su autoridad, sacaron con gran agilidad los mencionados carnés y otros tal vez pagaron coimas para obtenerlos.

En todo caso, los eventos deben ser investigados uno a uno, y ser castigados con severidad; así lo exigen la ley, el pueblo ecuatoriano y las normas de la ética que deber prevalecer, más que en ninguno, en los funcionarios públicos. (O)