Hemos recalcado e insistimos en que ha llegado la hora de empezar a trabajar en las soluciones, la crisis económica, la delincuencia organizada y la impunidad están a la vista. Ahora hay que definir e implementar los "Cómos" para combatir este verdadero cáncer con efectividad. Frente a los estudios, estadísticas, diagnósticos y planes, hay que desarrollar y ejecutar acciones concretas, sin dilaciones, no hay más vueltas que dar.

En esa línea la doctora Diana Salazar Fiscal General del Estado, asume la responsabilidad de enfrentar a lo que ella ha denominado “una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico”. Mujer valiente y de ejecutorias, ha demostrado además que, con paciencia y sujeción al debido proceso se puede conseguir resultados para sanear el país.

En estricto derecho el primer paso está cumplido, el siguiente eslabón está en la Corte Nacional, en esa instancia se deberá analizar y valorar todos los elementos de convicción que, según la Fiscalía, son suficientes para iniciar el correspondiente juzgamiento, se deberá establecer, además, los nexos causales con los delitos perseguidos. Autoridades nacionales, policías, jueces provinciales, fiscales, funcionarios judiciales y abogados presuntamente corruptos, esperan tras las rejas el resultado de la audiencia de formulación de cargos, la ciudadanía expectante espera transparencia, legalidad y diligencia.

Sabemos que la lucha debe ser integral y en todos los frentes, por ello la extinción de dominio de los bienes mal habidos es un clamor de la sociedad ecuatoriana. Los esfuerzos que prioritariamente se hagan, por parte de todos los poderes del estado, serán siempre bienvenidos y felicitados por la opinión pública, tal como rezan los solemnes juramentos en los que se compromete el honor: La Patria os premiará.

Ya basta del cinismo y las sinvergüencerías de los protagonistas de la corruptela, urge la declaración de titularidad a favor del estado, sobre los bienes que son fruto del robo, sin contraprestación ni compensación alguna, se debe determinar, ahora sí con la urgencia que el caso amerita, los mecanismos que permitan identificar, localizar y recuperar los bienes adquiridos por efecto de la ilicitud y el contubernio.

La información cruzada y la coordinación institucional deben funcionar Sí o Sí. La conformación de la Unidad de Investigación Conjunta en Materia de Defraudación Tributaria y Lavado de Activos es un primer paso táctico acertado de la Ministra de Gobierno e Interior, sin duda ese es el camino.

En el estado de situación en el que se encuentra nuestro país, se impone la ampliación total de la figura de la extradición, esa es otra urgente necesidad para recuperarnos moralmente como nación, es inconcebible que los bandidos sentenciados se paseen prófugos, impunes y campantes por los aeropuertos y ciudades del mundo, para colmo, a través de las redes sociales irrumpen como "guías de opinión" cuando son personajillos innombrables, ahora campaneros, tristemente célebres referentes de cómo NO deben ser los gobernantes y las personas.

Esta barbaridad no es más que, la muestra palpable de los escandalosos y vergonzantes niveles de un estado en descomposición que todos tenemos que salvar.

Desde los delincuentes de baja ralea, hasta los más avezados criminales, deben ser procesados y juzgados en la jurisdicción requirente, la nacionalidad y menos la supuesta afectación a la soberanía o derechos pueden ser pretexto para no juzgar o no cumplir con la ley. Es incontrastable que el crimen en todas sus presentaciones se ha vuelto transnacional, por tanto, el combate no puede restringirse a las fronteras, debe rebasarlas.

En estas circunstancias, calza perfectamente el pensamiento del danés Kierkegaard "Atreverse es perderse un instante, no atreverse es perderse para siempre", en época de concreciones y dada la reducida temporalidad del gobierno, es una verdad tan grande como una catedral.