La Asamblea Constituyente de Montecristi (2008) parió una Constitución que establece cinco funciones del Estado, algo inédito en la historia del país; a más de los clásicos ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del modelo republicano, se crearon los correspondientes a lo Electoral y de Transparencia y Control Social.

Este último engloba varios organismos, entre ellos: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Contraloría, Defensoría del Pueblo, superintendencias. La situación actual demuestra que la referida Función fracasó, por lo que urge generar cambios en el aparato estatal, con el fin de controlar la corrupción efectivamente y, de garantizar la participación ciudadana.

No ha sido exitosa la Función de Transparencia y Control Social debido a que sus obligaciones son exorbitantes y, porque fue tomada y utilizada por el correísmo con su pensamiento único para blindar al gobierno de turno.

Lo cierto es que los mecanismos de la política –sin desconocer sus naturales imperfecciones-, fueron despreciados, por ejemplo, para designar a las principales autoridades públicas por parte del CPCCS, sustituyéndolos por una meritocracia manoseada. El resultado: opacidad y libre albedrío en el manejo de la cosa pública, sin transparencia ni control social.

Para zanjar el problema de raíz requerimos una nueva asamblea constituyente, pero ahora no es viable tal solución, hay que impulsar entonces la reforma constitucional para confiar a la Asamblea Nacional, como espacio político plural, la designación de autoridades nacionales a instancias del Ejecutivo, mientras que, el control social quedaría en manos del CPCCS para incentivarlo y facilitarlo, no para corporativizarlo ni impedirlo.

Es lógico también que la sociedad organizada asuma tareas de vigilancia del poder, como ocurre con la Comisión Nacional Anticorrupción, que combate sin tregua la penosa calidad ética de muchas figuras de nuestra política. (O)